Políticas PúblicasGuatemala ya aprobó el examen macroeconómico; lo que todavía debe aprobar es el examen institucional.
Los diagnósticos de las calificadoras de riesgo y del FMI sobre la economía de Guatemala ofrecen una guía bastante clara sobre las reformas que deberían priorizarse para crecer más y acercarse al grado de inversión. Durante las últimas semanas ocurrió algo poco frecuente: dos calificadoras y el FMI emitieron sus opiniones casi al mismo tiempo. Aunque utilizan metodologías distintas y observan variables diferentes, todos llegaron a conclusiones notablemente similares.
Aunque la atención pública suele concentrarse en si nos acercamos o no al grado de inversión, el dato verdaderamente relevante, sin embargo, suele encontrarse detrás de la calificación: las razones que explican por qué un país avanza o se estanca. Y es que la calificación de riesgo es más que un concurso para economistas o un mero ejercicio académico: influye en el costo del financiamiento soberano, en las condiciones de crédito para las empresas y, en última instancia, en la capacidad de una economía para atraer inversión y generar empleo.
Lo interesante es que las tres instituciones coinciden en dos conclusiones fundamentales. La primera es que Guatemala posee fortalezas macroeconómicas poco comunes en América Latina: baja deuda pública, disciplina fiscal, inflación controlada, reservas internacionales elevadas y una política monetaria creíble. Después de décadas de prudencia macroeconómica, el país ha construido un activo valioso que merece ser preservado. La segunda conclusión es todavía más importante: el principal obstáculo para seguir avanzando ya no es macroeconómico; es institucional.
