El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para la regidora Patricia Aurelia Niño Febres, investigada por su presunta participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud (sicariato), en agravio de Víctor Hugo Febre Calle (44), alcalde de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre (Piura), y por homicidio calificado en grado de tentativa contra Jorge Luis Chau Aranda. Únete a nuestro canal de política y economía En la misma audiencia también se requirió 18 meses de prisión preventiva contra William Hernán Tesen Gonza (43), alias Pochola. Los imputados rechazaron los cargos en su contra, pero el tribunal decretó la medida de aseguramiento en un centro carcelario. TE RECOMENDAMOSCONGRESO CAMBIA LAS REGLAS A SU FAVOR Y CASO LAVA JATO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS El Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia Delictiva de Piura culminó así el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público contra los investigados. PUEDES VER: ‘Pochola’ da pistas sobre planificación y ejecución del crimen del alcalde Víctor Hugo Febre La decisión judicial se sustenta en la existencia de graves y fundados elementos de convicción obtenidos durante la investigación criminal especializada desarrollada por personal de la División de Homicidios de la Dirincri PNP, en coordinación con el Ministerio Público. Estos elementos vincularían a los investigados con la planificación, coordinación y ejecución de los actos criminales que culminaron con el homicidio del alcalde, Víctor Hugo Febre, así como con el homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Jorge Chau. Asimismo, el órgano jurisdiccional consideró acreditados, en esta etapa procesal, los presupuestos de peligro de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, por lo que dispuso el inmediato internamiento de los investigados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones y actuaciones procesales correspondientes. Cabe señalar que la medida coercitiva impuesta constituye un importante resultado de la labor investigativa desarrollada por la Divinhom PNP y el Ministerio Público, al haberse logrado incorporar nuevos elementos de convicción que permitieron establecer la presunta participación de los referidos investigados dentro de la estructura criminal involucrada en los hechos investigados.