Periodistas y familiares durante el evento "Aquí Nadie Olvida", donde erigieron un antimonumento en honor a los 219 asesinados y al menos 35 desaparecidos en México desde 2000 (REUTERS/Quetzalli Nicte)Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales. En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas.PUBLICIDADMéxico lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.PUBLICIDAD“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se les repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.Quienes defienden las leyes suelen argumentar que su uso es legítimo. La senadora responsable de gran parte del marco legal mexicano contra la violencia de género, por ejemplo, rechazó la idea de que las mujeres políticas estuvieran haciendo un uso indebido de estas protecciones para silenciar la crítica.PUBLICIDAD“Sí hay periodismo, lo tengo que reconocer, que es muy leal a sus principios”, dijo la senadora, Martha Lucía Mícher, miembro del partido político gobernante de México, Morena. Y agregó: “Pero también hay un periodismo —con todo respeto lo digo— muy misógino”.Mícher dijo que estaría dispuesta a revisar cómo se están resolviendo los casos. “Nosotras no estamos abusando de esas leyes”, afirmó. “Nosotras somos víctimas”.Sin embargo, a principios de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.PUBLICIDADArtículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.México está viviendo “el abuso de estas figuras”, dijo Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de R3D, una organización mexicana de derechos digitales. “Se están mal utilizando y legislativamente están muy mal redactadas, y eso les permite a los jueces y a las figuras públicas hacerlo”.PUBLICIDADLa presidenta Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa (Foto: Presidencia)La relación entre las autoridades mexicanas y la prensa siempre ha sido complicada.Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no cuestionaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.PUBLICIDADPero esa mayor libertad trajo consigo una escalada de tensiones en las décadas siguientes, cuando los periodistas se vieron atrapados en el fuego cruzado entre la corrupción gubernamental y el crimen organizado.Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.PUBLICIDADEl gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas casi a diario, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma, conectaba con su base y marcaba la agenda informativa, pero también desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que cuestionaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.Su sucesora y protegida, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura.PUBLICIDAD“Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero. Pero, añadió, “siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”.Sin embargo, también ha defendido a miembros de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, pidió a la gente que boicoteara a un conglomerado mediático que se había negado a pagar impuestos y que había cubierto negativamente su gobierno.“No es una censura, es una opinión”, dijo Sheinbaum el mes pasado sobre su llamado al boicot. “No estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”.La estigmatización por parte de los principales líderes del país ha animado a otros a emprender represalias legales, según expertos. Los más vulnerables a ese tipo de acoso, dijo el historiador Paxman, son los reporteros que quizá no tengan los recursos o la reputación necesarios para defenderse.Periodistas protestan contra la persecución que sufren en territorio mexicano, en Ciudad de México (EFE/José Méndez)