La incógnita sobre el paradero de decenas de menores de edad haitianos que ingresaron a Chile a través de vuelos chárter, bajo el programa de reunificación familiar, tiene asustada a la comunidad caribeña que reside en el país sudamericano. Defienden que no han recibido ninguna denuncia de la desaparición de un niño y que están realizando su propio catastro para esclarezcan los hechos. Sin embargo, ven con preocupación que la investigación de la Fiscalía por posible tráfico de personas, falsificación de documentos de identificación y de ingreso, y eventual soborno y cohecho de funcionarios públicos, perjudique el mecanismo que tienen para traer a los suyos. Además, acusan que el plan de búsqueda impulsado este miércoles por el Gobierno de José Antonio Kast, se ha transformado rápidamente en una “persecución” a los haitianos. “Todos los haitianos ahora estamos como sospechosos”, recrimina la trabajadora social y activista por los derechos migrantes, Michel-Ange Jospeh.Entre el 2022 y 2025 el Estado de Chile autorizó 16.498 procesos de reunificación familiar de haitianos, la mayoría a menores de edad. Los casos que se investigan viajaron a cargo de 12 adultos sin lazos sanguíneos y debían ser recibidos por sus parientes o personas con autorización legal, pero no se sabe dónde están. A principios de semana el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, sostuvo que se desconocía el paradero de más de 200 menores y que podían ser muchos más. Una advertencia secundada por Frank Seurbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), que puso una denuncia penal por un eventual delito de tráfico de menores. La preocupación surgió por un preinforme de la Contraloría, en el que de una muestra de 105 casos, no logró dar con el paradero de 64 niños o adolescentes. Desde que Kast convocó el jueves a los tres poderes del Estado y estableció una fuerza de trabajo para coordinar la búsqueda, han dado con 33 de los 64 menores. La mayoría de los haitianos consultados para este reportaje reconocieron que no fueron ellos, o sus parientes los que trajeron a sus hijos desde Haití, sino que le pagaron a un adulto, a quien le dieron un permiso, para traer a los menores. El mecánico Nikelson Brillo relata que su hermano quería traer a su hijo a Chile y que todo el trámite le costaba más de tres millones de pesos. “Él, como la mayoría, aceptó pagar 500.000 o 600.000 para que alguien, con un permiso certificado, lo trajera. Lo fue a buscar al aeropuerto y se lo llevó a casa”, relata. Michel-Ange Jospeh trajo a su hijo de 10 años en 2024 a través del programa de reunificación familiar con la ayuda del Organismo Internacional por la Migración (OIM). “No podía ir a buscarlo porque no existe un vuelo comercial directo y no es fácil hacer escala, ya que República Dominicana no le da visado a los haitianos”, explica.Brillo vive en Quilicura, un municipio al norte de Santiago que concentra la mayor cantidad de haitianos. En un momento se la llegó a llamar “la petit Haití”. Pero la población del país caribeño ha sido fluctuante en Chile. En 2013 no llegaban a los 2.000 habitantes y, en una década pasaron a 188.000, según el estimado del Instituto Nacional de Estadísticas. Ahora, sin embargo, el Censo de 2024 arroja que rondan en los 90.000. “Las autoridades se preguntan dónde están los niños. Dicen que no los encuentran en los colegios y hospitales. Pero es importante entender que muchos de los padres se han ido con sus hijos fuera del país y no en avión”, afirma el pastor evangelico Enorck, quien cada domingo congrega a unos 400 feligreses en la iglesia Tabernáculo de la Gracia, en Quilicura. Tras una seguidilla de frases alarmantes de las autoridades sobre cuántos niños podrían estar inubicables, el ministro de Defensa, Fernando Barros, intentó poner paños fríos este viernes, asegurando que “no hay ningún antecedente” de que los menores haitianos estén “desaparecidos o perdidos”. Sobre la denuncia penal interpuesta por el SERMIG, el secretario de Estado aclaró que no hay ningún registro serio que apunte en esa dirección. “Aquí entraron una cantidad de niños y no se sabe en qué está. Pero no hay una sola denuncia, ni acción criminal que diga ‘mi hijo se perdió’ o ‘no está’, ni en Haití, ni en Chile, ni en el camino extraviado”, añadió. Lo mismo dicen los dirigentes haitianos: no han recibido denuncias sobre hijos extraviados. Gaspar Luis, un chófer de bus haitiano de 43 años, teme que estas noticias impacten el procedimiento en el que está su hermana para traer a dos de sus hijos desde Haití. “Conozco padres y madres que trabajan muy duro para pagar el viaje de sus hijos hasta Chile y todo lo que está pasando da la sensación de que este trámite está mal”, lamenta. La religiosa católica Yamile Cabrera, chilena, fue la coordinadora de la primera Oficina Municipal para Migrantes y Refugiados en Chile, hace más de una década. “Trabajé muchos años con la comunidad haitiana en Quilicura y era habitual que pagaran a una persona que viniera a Chile o viajara desde Chile a buscar a sus hijos, sobrinos, primos”, relata. Cabrera ha estado en contacto con los dirigentes haitianos quienes consideran que las noticias de esta semana han sido “nefastas” para su comunidad. “Están sufriendo mucho psicológicamente porque están iniciando una persecución con los niños, que están regularizados. Las familias están muy asustadas. Creo que se les está haciendo un daño grave”, sostiene. Michel-Ange Jospeh comenta que la gente de su comunidad no quiere ir a la iglesia, ni a los hospitales porque “sienten una persecución social”. “Esto asesina la cultura haitiana. Nosotros amamos a nuestros hijos. Si hubiese habido un secuestro hubiésemos avisado. Ahora nos da miedo olvidar nuestros documentos cuando salimos a la calle porque cualquier haitiano es un eventual traficante de niños, somos personas sospechosas en ojos de la sociedad”, lamenta.