FOTO ARCHIVO. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. EFE/Julio Muñoz
La decisión del juez Peinado de llevar a juicio a Begoña Gómez y adoptar medidas cautelares contra su persona ya ha levantado las reacciones del Partido Socialista Obrero Español y de la Moncloa. Ante la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias cada 15 días impuestas por Peinado, los socialistas del Ejecutivo han señalado “la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado”, según han informado a fuentes del Palacio de la Moncloa a EFE.Por su parte, el PSOE ha reafirmado este sábado que Begoña Gómez “es inocente” y que está siendo “perseguida judicialmente”. En una publicación en la cuenta del partido en X, el PSOE ha señalado que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente”, por lo que “lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene”.PUBLICIDADAdemás, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: “Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente”. Mientras que la portavoz del partido socialista, Montse Mínguez, ha escrito en su cuenta de X: “Delirante, obsesivo y vergonzoso”.Otro de los altos cargos socialistas, y con una cartera ministerial, que se ha pronunciado ha sido Óscar Puente, ministro de Transportes, que ha indicado que en el auto “se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse”, en mayúsculas y entre signos de exclamación, para añadir: “Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ”.PUBLICIDADSegún el auto judicial, Begoña Gómez, tras la llegada de su esposo a la presidencia, promovió la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Se le atribuye el uso de su posición y de sus contactos institucionales para captar fondos y apoyos de grandes empresas, algunas con vinculaciones al sector público.Además, se investiga el supuesto desvío de recursos universitarios y la apropiación de un software desarrollado en la cátedra, incorporándolo a su patrimonio privado a través del registro de marcas, dominios web y la sociedad Transforma TSC S.L. Por su parte, Cristina Álvarez habría asistido de manera regular a Gómez en gestiones privadas del proyecto, utilizando recursos públicos y participando en negociaciones y reuniones relacionadas con la plataforma tecnológica, acciones que no se consideran compatibles con su función pública.PUBLICIDADJunto a Begoña Gómez, también están siendo investigados Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario, y María Cristina Álvarez Rodríguez, personal eventual en la Presidencia. A los tres se les imputan delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.Juan Carlos Barrabés está siendo investigado por su relación empresarial y la presunta obtención de contratos públicos facilitados por la intervención de Gómez. Las defensas pidieron que se cierre el caso porque, según ellas, los hechos no son delito o ya han prescrito, sobre todo en el caso de Cristina Álvarez. También solicitaron que la Universidad Complutense quede fuera del proceso y que la acusación popular pague los gastos del juicio. El juez no aceptó estas peticiones, decidió que el caso debe ir a juicio con jurado y ordenó medidas cautelares.PUBLICIDADNoticia en ampliación
