La Ley de Etiquetado Frontal (27.642) sancionada en 2021, volvió a instalarse en el centro de la discusión pública desde que el Ejecutivo intenta derogarla. ¿El argumento? La necesidad de reducir costos y exigencias operativas para la industria, seguido de la conformación de un sistema que consideran nutricionalmente más “consistente y adaptable”. Los defensores de los cambios sostienen que la normativa genera costos para las empresas, limita ciertas estrategias comerciales y requiere revisiones para adaptarse a nuevos criterios técnicos. Del otro lado, quienes apoyamos su continuidad, y a pesar de considerar que es una ley perfectible, creemos que los sellos de advertencia permiten identificar de manera rápida aquellos productos que tienen exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías, brindando la posibilidad al consumidor de tomar una decisión de compra de manera más informada. En un contexto mundial donde el sobrepeso y la obesidad continúan siendo los principales desafíos de salud pública, la pregunta debería considerar qué consecuencias tendría para nuestra sociedad la debilitación de una política que promueve una alimentación más saludable.
Esto no les gusta a los autoritarios
