Tras un goteo de investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno y del PSOE, es el turno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para afrontar una investigación que salpica de lleno al Partido Popular y a su dirigente más mediática, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.PublicidadLas sospechas del enriquecimiento del empresario Alberto González Amador a raíz de iniciarse su relación con Ayuso en conexión con las millonarias adjudicaciones públicas al gigante sanitario Quirón sobrevuela la investigación por una presunta comisión de medio millón de euros a un directivo de Quirón por parte del novio de Ayuso por facilitarle un negocio de mascarillas. González Amador ha sido procesado además por fraude fiscal en un procedimiento que se juzgará en 2027. Ahora el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, dirigido por el teniente coronel Antonio Balas, se encargará de las pesquisas sobre las cuentas bancarias de Alberto González Amador, tal y como le ha oficiado el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, a cargo del juez Antonio Viejo, que ha demostrado, hasta ahora, no tener demasiada prisa en acometer una investigación que pondrá a prueba la imparcialidad del sistema de justicia, empezando por la Policía Judicial, que en este caso ha vuelto a recaer en la Guardia Civil.La UCO parte de la base de que el novio de Ayuso ha percibido 4,4 millones de euros de Quirón Prevención entre 2021, año de inicio de su relación con Isabel Díaz Ayuso, y 2023, a través de sus mercantiles Maxwell y Masterman, tal y como ha certificado la Agencia Tributaria, por servicios de consultoría, respecto de los cuales Hacienda dice que existen "indicios de simulación". La lupa, en otros casosEs una oportunidad de oro para que la brigada de Antonio Balas demuestre su neutralidad. La lupa mediática está centrada en la actuación de la UCO en otros casos recientes, donde han sido notorias y polémicas las declaraciones en sede judicial del jefe del Grupo III de la UCO, Balas, en las que, por ejemplo, sin pruebas palpables señaló al exfiscal general del Estado en el juicio contra este o más recientemente se ha contradicho en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, al asegurar que el exlíder de los socialistas extremeños, el procesado Miguel Ángel Gallardo, diseñó la plaza que luego se le adjudicó a David Sánchez en una operación política, cuando en sus propios informes se indicaba que se desconocía la identidad de quién creó la citada plaza.PublicidadEl ímpetu del teniente coronel Balas ha sido tan notorio en algunas investigaciones que salpican al Gobierno que le llevó justo hace un año hasta Pamplona para dirigir personalmente el registro, durante seis horas, de la sede de Servinabar, una de las empresas claves en el caso Cerdán.Informe preliminarDe entrada, el informe preliminar de la UCO en el caso del novio de Ayuso, datado en diciembre de 2025, aunque ha trascendido esta semana, carece de las inferencias de los informes en los casos antes citados relacionados con el Gobierno de Pedro Sánchez. En este único informe de la UCO conocido hasta ahora sobre González Amador se observa una redacción acorde a un documento de su naturaleza, donde se expone sin suposiciones y con claridad los datos y hechos de los que parten los investigadores. En el informe, la brigada de Balas pedía en diciembre pasado al juez que le autorizara a recabar información en 16 bancos en relación a las cuentas del novio de Ayuso, del directivo de Quirón Fernando Camino y de su esposa, Gloria Carrasco. Son un centenar de cuentas las que suman los tres. También pedía el acceso al patrimonio societario de la pareja de Ayuso, así como a la información que alberga la Tesorería de la Seguridad Social en relación a esas empresas. El juez Antonio Viejo ha tardado seis meses en pronunciarse y ha autorizado solo el rastreo de las cuentas corrientes del novio de Ayuso.PublicidadNo ha prisa, pues, por parte del juez en este caso, pero en otras investigaciones mediáticas ha sido la UCO la que ha marcado el ritmo. La premura con la que los hombres de Balas han actuado en el caso Cerdán, por ejemplo, contrasta con la inacción denunciada por la fiscal del caso Montoro. 'Caso Montoro'La fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, hizo ver su malestar con la actitud de la UCO durante la instrucción de la trama de reformas legislativas a cambio de 'mordidas' que investiga un juzgado de Tarragona. El enfado se remonta a la primavera de 2024. La Fiscalía Anticorrupción había acordado seis meses antes requerir los movimientos bancarios de una treintena de empresas y empresarios implicados en el caso. El objetivo era "identificar y localizar los pagos realizados" por "las mercantiles del sector gasista" a Equipo Económico, despacho clave en la trama, para “trazar el posible desvío de estos fondos".Pero el tiempo pasaba sin novedades y el 25 de abril de 2024, habida cuenta del "tiempo transcurrido desde que se libraron los mandamientos judiciales", la fiscal envió un nuevo escrito al juez para que la Guardia Civil informase del "estado de tramitación del informe" relativo a las cuentas incautadas. El comandante de la UCO encargado de la gestión confirmó dos meses después que aún no habían iniciado el análisis de la información recibida porque, según recoge uno de los autos incorporados al sumario del caso Montoro, consultado por Público, "de los 339 productos bancarios solicitados", les faltaban "18 por recibir", es decir, menos del 6%. La fiscal pidió entonces que de manera "urgente" la UCO procediera al análisis de las cuentas bancarias. El informe llegó casi 16 meses después de que fuese solicitado y lo hizo de manera incompleta. Errores de la UCOEste es el paradigma de las dos velocidades con las que trabaja a veces la unidad de élite de la Guardia Civil, que en el caso Ábalos-Koldo-Cerdán ha pisado el acelerador con la sucesión de numerosos informes que han ido marcando la agenda política y donde no han faltado los errores de bulto, como el que atribuía a José Luis Ábalos una propiedad en Colombia de 2,1 millones de euros cuando en realidad se trataba de otra cifra muy distinta: 751,23 euros. El error de la UCO se debió a que la cifra inicial estaba en pesos colombianos y no en dólares, como consideraron los agentes, pero las portadas de aquel día daban cuenta del inmenso patrimonio del que había sido un peso pesado del PSOE.Precisamente en el reciente juicio contra Ábalos en el caso Mascarillas, el teniente coronel Balas compareció para declarar sobre las pesquisas de su unidad y declaró con la naturalidad que le caracteriza: "Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra", en relación a Ábalos, en una declaración que parece más bien un chascarrillo.Señalando al exfiscal generalEl testimonio del teniente coronel Balas fue clave en el juicio contra el exfiscal general del Estado al afirmar sin prueba material que lo sustentara que Álvaro García Ortiz fue el que filtró a los periodistas el correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales del novio de Ayuso. Y eso fue así, según indicó en el juicio Balas, porque García Ortiz tenía "un dominio a todos los niveles" de la toma de decisiones. Una inferencia que resultó determinante en el veredicto final de culpabilidad.PublicidadRecientemente Antonio Balas ha vuelto a protagonizar otra sesión en un juicio muy mediático, el que sentó en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Sin pruebas concluyentes sobre las irregularidades en el proceso de adjudicación del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz, Balas afirmó a golpe de conjetura que el entonces secretario general del PSOE de Extremadura fue el artífice de crear el puesto para dárselo al hermano de Pedro Sánchez."Al no partir del área interesada, que era Cultura, nosotros entendemos que debe de estar en un nivel superior con una capacidad política". Por este motivo, "el único relacionado de manera íntima con este puesto es Miguel Ángel Gallardo", concluyó Balas en la vista oral. Se está a la espera de la sentencia.