A una semana de la ceremonia inaugural del mundial en el SoFi Stadium de Los Ángeles había dudas sobre si se podría celebrar. El sindicato que representa a la mayoría de trabajadores del recinto, buena parte de ellos migrantes, acordó ir a la huelga: exigían, a parte de mejoras laborales, protección ante las posibles redadas del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la administración Trump.
Los empleados alcanzaron un acuerdo para evitar el paro apenas tres días antes de la ceremonia. Lograron relevantes subidas salariales, mejoras en las condiciones y una cláusula que permite a los trabajadores abandonar su puesto si la actividad del ICE pone en riesgo su seguridad.
“Estos trabajadores son héroes. Se enfrentaron a la FIFA. Se enfrentaron al ICE. Ganaron un contrato histórico”, señaló entonces el presidente del sindicato, Kurt Petersen.
La anécdota pone de manifiesto hasta qué punto la amenaza de esta agencia federal —responsable ya de tres muertes directas por sus disparos en las calles de EEUU— sobrevuela a los miles de empleados que hacen posible el Mundial y al resto de migrantes del país. La actuación del ICE ha sido una de las políticas más contestadas de Trump, con grandes manifestaciones contra estos agentes en casi todas las gandes ciudades estadounidenses.
