Manuel Alonso es un hombre rudo de 65 años. De envergadura fuerte, aficionado a la caza y a los animales, con piel y manos de campo. Fumador, de voz ronca y acento malagueño cerrado. Un hombre, ya con pelo y barba canosos, que hace décadas convirtió su finca de Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga), en una suerte de zoológico de animales exóticos, entregados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para su cuidado y posterior gestión y venta. Con el tiempo y las complicidades de algunos guardias civiles corruptos de la zona, aquella finca de fieras (con pumas y tigres) acabó siendo una guardería de droga para algunos de los narcos que operan en la meca de la Costa del Sol. Su mujer, Lucía Garrido, se enteró de sus turbios negocios, y su cuerpo apareció, en pleno trámite de divorcio, flotando en la piscina de la finca, degollada, el 30 de abril de 2008. Tenía 48 años y una hija de 11. Alonso, padre de la niña, fue condenado a 24 años de cárcel en noviembre de 2023 como cooperador necesario del asesinato de su esposa, tras repetirse un juicio fraudulento con jurado popular. Recurrió. Y siguió libre, “hasta que la sentencia sea firme”, determinó un juez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena. Recurrió. Y siguió libre, “hasta que la sentencia sea firme”, concedió el juez, a falta de que se pronuncie aún el Tribunal Supremo, la última instancia recurrible. Apenas un año más tarde del asesinato de Lucía Garrido, el 25 de abril de 2009, dos certeros disparos realizados por Manuel Alonso con su escopeta de caza acabaron con la vida de Derian José Morales Feria (36 años) y Eduard Andrés Gómez Tabares (25 años), dos ciudadanos colombianos, pertenecientes a otro grupo criminal, que quisieron robarle la droga en su finca aquella noche. Los dejó secos en el jardín de la entrada. Las investigaciones policiales posteriores concluyeron que a Manuel Alonso le habían avisado de que iba a sufrir un vuelco (robo de droga) y se parapetó, agazapó y armó hasta los dientes en su casa esperando a los asaltantes. Había colocado escopetas cargadas hasta en el cabecero de su cama y munición desperdigada por toda la vivienda, comprobaron los investigadores. Una serie documental de Televisión Española, Lucía en la telaraña, dirigida lúcidamente por Tomás Ocaña, relató todos los hechos siguiendo la minuciosa y compleja investigación del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI). Y, por fin, tras un proceso judicial torpedeado a recursos por la propia defensa de Manuel Alonso y en el que desaparecieron pruebas, el juicio por el doble crimen de los colombianos se celebró el pasado mes de mayo: “Salí con la escopeta porque creí que se me había escapado un tigre”, balbuceó en la sala el acusado, ante la mirada fija de las esposas de los colombianos muertos. El jurado popular le declaró culpable y ahora el juez le acaba de condenar a un año y medio de cárcel por cada una de esas dos muertes, “con la concurrencia de la eximente incompleta de legítima defensa, la atenuante de confesión y la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas”. Es decir, un total de tres años de prisión por matar a dos hombres en esa misma finca de Alhaurín marcada por la muerte y la droga. En total, Manuel Alonso acumula condenas de 27 años de cárcel, pero sigue paseándose por Málaga como Pedro por su casa. Para los jueces no hay riesgo de fuga y Manuel Alonso lo recurre absolutamente todo de la mano de su fiel abogado, Guillermo Smerdou, explica el abogado Luis Portero. “Entienden los jueces que, al habérsele retirado el pasaporte, presentándose cada 15 días en el juzgado a firmar y teniendo un trabajo, no hay riesgo de fuga”. Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA en 2000, es quien ha ejercido de abogado de la acusación, representada en ambos juicios por la AUGC, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que fue quien —liderada por el guardia civil Ignacio Carrasco— denunció en su día lo que se escondía detrás del crimen de Lucía Garrido. Carrasco, un guardia civil curtido en la lucha contra ETA en el País Vasco, fue expulsado del cuerpo tras señalar la corrupción de compañeros y mandos del instituto armado en las fechorías con Alonso. Entre ellos, el propio jefe de la Judicial de la comandancia de Málaga, el teniente Valentín Fernández Francisco, que precisamente era el responsable del grupo antidroga (EDOA) y quien investigaba los hechos. Así las cosas, Manuel Alonso es hoy, ante todo, un hombre libre.