La primera alerta la tuvo el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). O al menos, esa es la versión que transmiten en La Moneda. Desde hace al menos dos semanas, ya circulaba en Palacio una información todavía difusa, pero suficientemente sensible para encender algunas alarmas: posibles irregularidades arrastradas desde la administración anterior en el ingreso al país de menores haitianos bajo la figura de reunificación familiar.Parte de los asesores del Presidente José Antonio Kast conocieron con mayor precisión los antecedentes durante la semana pasada y se trataban de los mismos hechos que este lunes reveló Radio BioBio. Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República que detectó un ingreso masivo de ciudadanos haitianos junto a menores de edad, varios de ellos en vuelos chárter autorizados durante el gobierno de Gabriel Boric. El documento advertía falencias relevantes en los controles, registros incompletos y casos en que no se verificó adecuadamente el vínculo entre los adultos y los niños que ingresaban al país. Además, durante las fiscalizaciones en terreno, el organismo no logró ubicar a parte de los menores respecto de los cuales el Estado había autorizado su ingreso, abriendo interrogantes sobre su paradero y una eventual vulneración de derechos.A medida que los antecedentes fueron tomando forma, el asunto comenzó a escalar dentro del Ejecutivo. No solo por las eventuales responsabilidades administrativas que podrían derivarse de la investigación, sino también por la sensibilidad del caso, al involucrar a niños y adolescentes.Ante la consulta de por qué no tomaron acciones previas si manejaban algunos antecedentes sobre los menores haitianos, en Palacio transmiten que estaban reuniendo la información. En Migraciones rechazan, sin embargo, que los antecedentes hayan sido formalmente advertidos durante el cambio de mando. Esto, pese a que el exdirector del servicio, Luis Eduardo Thayer, ha sostenido públicamente que la situación fue abordada en reuniones de traspaso con las autoridades de esta administración.Con la controversia ya instalada, el miércoles se produjo uno de los primeros movimientos de coordinación interna. Ese día, el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, encabezó una reunión interministerial para abordar los antecedentes conocidos hasta ese momento.Hasta la instancia llegaron representantes de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Desarrollo Social y Familia, además del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y Carabineros. Sin embargo, antes de que comenzara la cita ya existía una definición presidencial. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, sería la encargada de dirigir una fuerza de tarea destinada a recopilar antecedentes, agilizar el intercambio de información entre organismos y contribuir al esclarecimiento de los hechos. Y este jueves, durante cerca de una hora y cuarenta minutos, Kast -junto a Wulf y otros ministros- encabezó una reunión extraordinaria en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado, además de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.Al término del encuentro, fue la propia Wulf quien asumió la vocería. “Lo primero, afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”, señaló la ministra desde La Moneda.En la misma declaración, la secretaria de Estado reconoció que existen “vacíos de información” que deben ser despejados con urgencia.La titular de Desarrollo Social desplegó una intensa agenda durante la jornada. Tras la cita en La Moneda, se reunió con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, y con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para revisar mecanismos de acceso y análisis de antecedentes administrativos vinculados a los procesos migratorios que hoy están bajo revisión. También recibió a la presidenta de la Fundación Luksic, Ena von Baer; y a la directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, Pía Greene, para abordar medidas preventivas de protección de niños y adolescentes.Más tarde, la ministra se reunió con el director general de la PDI, Eduardo Cerna; con el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; y con el general director de Carabineros, Marcelo Araya. La jornada culminó con una reunión intersectorial que congregó a representantes de Cancillería, Registro Civil, Migraciones, Salud, Educación, la PDI y organismos especializados en infancia, con el propósito de cruzar información y definir acciones para la identificación de los menores.Desde Talcahuano, donde acompañó a una visita por el día al Presidente Kast, Alvarado recalcó, a propósito del rol de Wulf, que “es mucho más fácil entenderse con los organismos que llevan adelante las investigaciones -en este caso el Ministerio Público- cuando existe una sola voz desde el gobierno que colabora recopilando esa información y aportándola a las causas que se investigan".Partidos apuntan a Boric En paralelo, al interior de los partidos del oficialismo hay consenso en la estrategia para afrontar el caso. En conjunto, han cuestionado a la administración de Gabriel Boric por el caso de los niños haitianos.“¿El presidente Boric romperá el silencio de comentarista del CAE para referirse a los niños haitianos?”, dijo el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Los cuestionamientos del oficialismo, en todo caso, se han concentrado en quien fue el director del Servicio Nacional de Migraciones de la administración Boric. En conversación con T13, Luis Eduardo Thayer dijo que el debate en torno al caso se ha dado de forma “irracional”. “A ratos, raya en la exageración y se distorsionan los elementos centrales”, afirmó.El Partido Republicano, a través de una declaración, calificó como “inaceptable” que “una exautoridad intente relativizar la gravedad de este caso. Estamos hablando de niños, cuyo paradero aún no ha podido ser determinado y quienes podrían estar expuestos a graves situaciones de vulneración de sus derechos”. “Las explicaciones entregadas por Thayer no despejan las dudas de fondo. Por el contrario, refuerzan la necesidad de investigar qué ocurrió, qué protocolos se aplicaron, qué antecedentes fueron informados entre instituciones”, agregaron desde la colectividad que encabeza Arturo Squella. En respuesta a las palabras de Thayer, la vicepresidenta de RN Ximena Ossandón planteó: “Me parece que la desfachatez del señor Thayer no tiene límites (...). Yo le pediría un poco de seriedad. Mejor ayude a buscar a esos niños y no trate de empatar”.Por su parte, la bancada de diputados UDI pidió la visita de la relatora sobre la trata de personas de las Naciones Unidas, Siobhán Mullally. Junto con eso, solicitó a la Fiscalía que cite a declarar a Thayer como sujeto de interés. Más allá del oficialismo, el Partido Nacional Libertario, encabezado por Johannes Kaiser, anunció una comisión investigadora en la Cámara destinada a “revisar las políticas migratorias implementadas durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, así como posibles vínculos con redes de trata de personas y crimen organizado”.Ofensiva de exautoridades Tras días siendo la cara de la oposición en la crisis por los niños haitianos, este jueves, Thayer recibió refuerzos de los otros rostros del Ministerio del Interior del periodo del expresidente Gabriel Boric.Por un lado, el exsubsecretario de la cartera, Víctor Ramos (FA) abordó la polémica en conversación con este medio. Por otro, y tras el cierre de esta edición, se espera que también se refiera al caso la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).Álvaro Elizalde (PS), quien se encuentra fuera del país, también es posible que se sume a la defensa que se ha lanzado entre los colaboradores de la administración anterior, a la que responsabilizan en el oficialismo.Las exautoridades han estado en contacto para coordinar directrices comunicacionales, las que, hasta ahora, había encabezado en solitario Thayer, sociólogo frenteamplista cuya exposición incomodó a algunos sectores del Frente Amplio, partido en el que milita.Él ha quedado expuesto principalmente por haber impulsado una flexibilización en las exigencias para conceder la residencia a ciudadanos haitianos. En sus diversas presentaciones ante la prensa, Thayer ha defendido que su servicio recibió documentos originales y que incluso en la Cámara de Diputados se votó un proyecto de resolución -no vinculante- por la misma medida, que fue aprobado por la izquierda y figuras de Chile Vamos, como el actual director de Migraciones de Kast, Frank Sauerbaum (RN).En medio de su intenso despliegue, la exautoridad también ha conversado sobre la crisis con integrantes de la bancada de su partido, el Frente Amplio. A ellos, dicen conocedores del intercambio, les ha transmitido los mismos argumentos de su defensa ante los medios de comunicación.Ante la consulta de si estos antecedentes se pusieron sobre la mesa en las reuniones protocolares de cambio de mando, entre la administración saliente y entrante, el exsubsecretario Ramos respondió a este medio que “hubo un proceso de traspaso, como ocurre en todo cambio de administración; lo relevante es que el proceso de Contraloría estaba en pleno funcionamiento dentro del servicio, con los mismos equipos jurídicos y el mismo auditor interno que continuaron en funciones bajo la nueva administración. La información estuvo en la institución desde el primer día, como es lógico”.En esa línea, añadió que “lo que ocurrió esta semana fue que un preinforme reservado de Contraloría fue filtrado a la prensa, generando una reacción comprensible dada la gravedad humanitaria de lo que está en juego. Lo que es nuevo no es la investigación, es que ahora es de conocimiento público, investigación y auditoría que eran reservadas para la buena consecución de sus objetivos”. Luego, el exsubsecretario también mencionó que “el gobierno a su vez actuó con responsabilidad y de manera permanente. Desde 2023 se pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público, que es el único organismo con facultades para investigar y acreditar delitos. Hubo entrega de información de manera continua de Sermig al Ministerio Público sobre vuelos, aerolíneas y agencias de viaje”.Además de Ramos, también se refirió al tema la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente (PS), quien planteó en sus redes sociales que fue durante el periodo anterior que se retiró al cónsul chileno en Puerto Príncipe y que “las autoridades entrantes fueron debidamente informadas de esto. Será la justicia y la autoridad ministerial competente la que establezca las responsabilidades, si las hay”.Boric, hasta ahora, no se ha involucrado en la discusión pública, quien hace unos días terminó con el fair play establecido con el gobierno de Kast, al criticar los embargos a cuentas corrientes de deudores del CAE.