La intervención temporal del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) dio sus primeros pasos con la apertura de un espacio de diálogo con el Comité Olímpico Internacional (COI), mientras avanzan las revisiones internas sobre la situación legal, administrativa y financiera del organismo. Noelia Caicedo, designada interventora por el Gobierno nacional, señaló que el principal objetivo inicial era establecer contacto con el COI, meta que ya se cumplió tras la solicitud de una reunión virtual entre las partes. Según Caicedo, el encuentro aún no tiene fecha definida, pero contará con la participación de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar; el viceministro Roberto Ibáñez, y Jorge Delgado.PublicidadCaicedo calificó este escenario como el más favorable dentro de los distintos panoramas que fueron analizados antes de ejecutar la intervención. “La búsqueda siempre ha sido el diálogo. Tener este espacio de comunicación es el mejor escenario posible”, manifestó.La razón de la intervenciónEl asesor legal de la intervención, César Tapia, explicó que el origen del conflicto se remonta al proceso electoral del COE, en el que fue elegida una directiva integrada, entre otros dirigentes, por Jorge Delgado y John Zambrano.Según Tapia, ambos habrían acumulado periodos consecutivos dentro del directorio, situación que impedía el registro de la directiva por parte del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.PublicidadPublicidadEl abogado recordó que la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación establecía periodos de cuatro años con posibilidad de una reelección. Para aspirar a un nuevo periodo, debe transcurrir primero otro ciclo dirigencial.En consecuencia, señaló que no es posible ejercer tres periodos consecutivos dentro de un directorio deportivo.Tapia detalló que Jorge Delgado formó parte del directorio entre 2013 y 2017 como segundo vocal principal; entre 2017 y 2021 como segundo vicepresidente; y entre 2021 y 2025 como presidente.En el caso de John Zambrano, ocupó cargos entre 2013 y 2017 como primer vocal y segundo vicepresidente; entre 2017 y 2021 como primer vicepresidente; y entre 2021 y 2025 como secretario general.Según el asesor jurídico, esta situación impedía que la cartera de Estado registrara la nueva directiva.“El COE se rige por la Carta Olímpica y por el ordenamiento jurídico nacional, específicamente por la Ley del Deporte y su reglamento vigente en ese momento”, sostuvo.PublicidadCaicedo aclara sobre la ley anteriorLa interventora aclaró que la negativa de registro no se fundamentó en la nueva Ley del Deporte, sino en disposiciones que ya estaban contempladas en la normativa anterior y respaldadas por pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado.Explicó que antes existía la interpretación de que un dirigente podía avanzar progresivamente dentro de una organización deportiva, pasando de vocal a vicepresidente o presidente. Sin embargo, indicó que esa posibilidad dejó de ser válida.Caicedo señaló que una persona que haya ocupado cargos directivos durante dos periodos consecutivos no puede integrar nuevamente el directorio en el tercer periodo inmediato.Precisó que sí puede regresar después de que transcurra un periodo completo bajo otra administración. A su criterio, el problema surgió porque no se respetó esa limitación al momento de conformar la directiva electa.Reforma estatutaria y nuevas eleccionesDentro de la hoja de ruta planteada por la intervención también figura una reforma al estatuto del COE.Caicedo explicó que el estatuto es el instrumento encargado de armonizar la normativa nacional con la Carta Olímpica, por lo que considera necesario actualizarlo. Una vez concluida esa reforma, el siguiente paso será convocar a nuevas elecciones.La respuesta al COIRespecto a la preocupación expresada por el Comité Olímpico Internacional, Caicedo afirmó que el Gobierno cuenta con argumentos jurídicos para explicar las razones que llevaron a la intervención.Indicó que antes de adoptar la medida se intentó establecer comunicación con el organismo internacional. Según Caicedo, el encuentro virtual solicitado permitirá exponer las acciones realizadas y las instancias agotadas previamente.“No se llegó a esta decisión de manera improvisada. Fue un proceso estudiado y analizado, evaluando distintos escenarios y sus consecuencias”, señaló.La interventora reconoció que la intervención puede generar una percepción negativa, pero sostuvo que el objetivo es ajustar la institución al marco legal vigente.Reunión con Jefferson Pérez, vicepresidente de la directiva salienteCaicedo también confirmó que el próximo sábado 20 de junio se realizará una reunión entre el viceministro Roberto Ibáñez y el exmedallista olímpico Jefferson Pérez.Según Caicedo, el encuentro responde al pedido público de diálogo formulado por Pérez y busca abrir un espacio de conversación entre las partes.La interventora enfatizó que el proceso no tiene motivaciones personales contra ningún dirigente. “Esto no es contra una persona. Es una actuación institucional apegada a la legalidad”, afirmó.Consultada sobre la posibilidad de que Jefferson Pérez se convierta en futuro presidente del COE, Caicedo evitó hacer proyecciones. Sin embargo, señaló que, a su criterio, su presencia en la lista electoral de mayo de 2025 habría podido evitar el conflicto que actualmente enfrenta la institución.Primeras observaciones financierasEl economista Jorge Murillo, asesor financiero de la intervención, informó que las primeras revisiones contables han identificado varios aspectos que requerirán análisis más profundos.Entre ellos mencionó aproximadamente $ 500.000 registrados simultáneamente como activos y pasivos dentro de los estados financieros.Según Murillo, esos valores deberían haber sido ajustados mediante procedimientos contables establecidos en la normativa vigente.Murillo indicó que personal del área financiera le manifestó que no contaba con autorización para realizar las correcciones correspondientes. A su juicio, esta situación estaría generando una sobrevaloración de los estados financieros.El asesor adelantó que en los próximos días solicitarán los ajustes necesarios para reflejar la realidad económica de la institución conforme a las normas financieras aplicables en Ecuador. Honorarios, bajo revisiónOtra de las observaciones iniciales corresponde al pago de honorarios.Murillo señaló que existe un monto cercano a los $ 18.000 por este concepto y que cuatro personas concentran aproximadamente $ 14.000 de esa cifra.Según Murillo, esos pagos provienen de recursos entregados por Solidaridad Olímpica para programas administrativos, subvenciones y apoyo a deportistas. Indicó que el COE recibe alrededor de $ 455.000 mediante estos programas.Entre los honorarios identificados mencionó pagos mensuales de $ 5.750 para Jorge Delgado, $ 4.025 para John Zambrano, $ 3.450 para Fernando Ibáñez y $ 2.300 para Dumani Noris Nadia.Murillo señaló que la suma de estos valores se aproxima al costo de gran parte de la nómina institucional.Problemas con correos y acceso a informaciónLa comisión interventora también reportó dificultades para acceder a información institucional.Murillo indicó que durante el trámite para asumir la representación legal ante entidades financieras encontró resistencia en una institución bancaria, donde le indicaron que existían comunicaciones que restringían la entrega de información.Según Murillo, ya se presentaron los documentos legales necesarios para regularizar la situación. Por su parte, Caicedo reveló que el dominio del correo institucional fue recuperado recién la noche anterior a la rueda de prensa de este 18 de junio.Explicó que la falta de acceso impedía tanto la comunicación externa como la interna dentro del COE. “Ni siquiera funcionaban los correos electrónicos de los colaboradores. Hoy ya logramos solucionar ese problema”, indicó.Añadió que la situación dificultó varias de las acciones que buscaban ejecutar en beneficio de los deportistas ecuatorianos.Redes sociales están aún fuera de control de la intervenciónLa interventora informó además que la comisión todavía no tiene acceso a las redes sociales institucionales del COE.Advirtió que el problema no solo afecta la comunicación actual, sino también la preservación del archivo histórico del deporte ecuatoriano.Caicedo sostuvo que crear nuevas cuentas sería sencillo, pero significaría perder registros valiosos acumulados durante años. “No nos perjudican a nosotros. Están perjudicando a la institución”, afirmó.Advertencia del Comité Olímpico InternacionalEl COI expresó su preocupación por la intervención temporal y advirtió sobre posibles consecuencias para el deporte ecuatoriano.En una comunicación enviada a la ministra Gilda Alcívar, el organismo consideró que la medida representa una interferencia gubernamental y una vulneración de la Carta Olímpica.Además, solicitó reconsiderar la decisión y alertó de que el COE podría quedar sujeto a mecanismos de protección previstos en esa normativa.Entre las posibles sanciones figuran la suspensión o incluso el retiro del reconocimiento del Comité Olímpico Ecuatoriano.El organismo advirtió que, de concretarse una sanción de ese tipo, las delegaciones ecuatorianas no podrían representar al país en competencias multideportivas internacionales.La medida afectaría eventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. (D)