El proyecto de ley que baja el número de alumnos por aula, una de las principales demandas de los casi 800.000 profesores que hay en España, está muy viva. El proyecto de ley presentado por el Gobierno ha superado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el PNV y Junts, que, de salir adelante, hubieran echado por tierra la iniciativa. Lo ha hecho gracias al apoyo del resto de fuerzas de la mayoría de la investidura, así como a los votos del PP y Vox. El PNV y Junts basaban su oposición en que la norma se ha elaborado sin contar con los ejecutivos autonómicos e invade sus competencias. La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha defendido la norma como una “ley justa, que mejorará la calidad de la enseñanza y las condiciones de trabajo del profesorado”. El PP ha apoyado que continúe la tramitación de la ley, pese a que su portavoz educativa, Cristina Teniente, ha hecho un discurso muy duro contra el Gobierno y ha anunciado que presentarán enmiendas al proyecto, entre otros puntos, en lo que se refiere a su financiación. La impresión que deja el debate es, con todo, que la ley ha ganado muchas posibilidades de acabar siendo aprobada, cuando parecía dudoso hace solo unas semanas. Y que la clave, verbalizada de forma expresa por varios grupos en el Congreso, y por el propio PP al manifestar su apoyo a las demandas de los sindicatos de enseñanza (cuyos representantes estaban en la tribuna de invitados), ha sido el temor a soliviantar todavía más a un profesorado que ha protagonizado este curso huelgas en varios territorios, y anuncia más movilizaciones en septiembre. El proyecto de ley contempla bajar las ratios máximas en Primaria, de 25 a 22 alumnos por clase. Y en la ESO, de 30 a 25. Y sitúa la jornada lectiva (horas de clase) del profesorado en 18 horas semanales en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria (algo que ya sucede en casi todas las comunidades autónomas, pero que la nueva ley blinda).La norma también prevé que el alumnado con necesidades educativas especiales (como discapacidad y trastorno del espectro autista) cuente doble a la hora de calcular las ratios. Y establece que en el plazo de seis meses el Gobierno aprobará un decreto para establecer máximos de estudiantes por clase en el segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato.El texto establece que las primeras medidas previstas (que los chavales con necesidades educativas especiales cuenten doble y la jornada lectiva) empiecen a aplicarse en septiembre. Algo que parece descartado por una cuestión de plazos. El ritmo de tramitación de la norma hace prever ahora que, como pronto, la ley se aprobará en septiembre u octubre, lo que demoraría con casi total seguridad un curso el comienzo de su aplicación. El retraso podría afectar al resto del calendario de implantación de la ley, que ahora prevé que las ratios empiecen a aplicarse por los niveles inferiores de cada etapa, subiendo cada año al siguiente. En el curso 2027-2028 lo haría en el segundo ciclo de Infantil y Primaria. En el 2028-2029, en la ESO. Y en el 2029-2030, en Bachillerato. Los nuevos máximos deberían estar funcionando en todos los niveles en septiembre de 2031.ObjecionesEl proyecto de ley de ratios, que el Gobierno negoció con los sindicatos de enseñanza, ha sido analizado en los últimos meses por dos informes de EsadeEcPol. El primero concluyó que reducciones en el número de alumnos por clase como la planteada en la norma no suponen mejoras significativas en los resultados educativos. Aunque sí implican una mejora en el bienestar de los docentes y un pequeño descenso en el dinero que las familias destinan a clases particulares.Aunque sí implican una mejora en el bienestar de los docentes y un pequeño descenso en el dinero que las familias destinan a clases particulares. Los profesores suelen recordar que tener menos chavales por grupo no solo ayuda a manejar mejor las clases, sino que también conlleva menos trabajos y exámenes que corregir, menos papeleo, y menos familias de alumnos a las que atender, algo que también ha argumentado la ministra Tolón.Y el segundo estudio calculaba que aplicarla hubiera costado 28.180 millones de euros en una década en contratación de docentes y obras en los centros. Y que la bajada lineal planteada hubiera beneficiado de forma desproporcionada a los centros donde estudia el alumnado con mayor nivel socioeconómico y cultural, lo que, dada la composición social de las redes educativas en España, supone que favorecerá especialmente a la educación concertada. El proyecto de ley contiene, sin embargo, una disposición que podría compensar esa desventaja para las escuelas más desfavorecidas: abre la puerta a que el Ministerio de Educación establezca un tratamiento específico, tanto en materia de ratios como de “medios personales y materiales”, para los centros de especial complejidad social. Lo que supone una ruptura del tradicional café para todos en la distribución de recursos entre los centros educativos. Un cambio que los expertos reclaman porque, siendo el nivel socioeconómico y cultural lo que más influye en el rendimiento escolar de los estudiantes, dotar igual (o casi igual) a los centros educativos al margen de su composición social está reñido con la equidad.