Donald Trump ha vuelto a demostrar su empeño de sacar adelante cueste lo que cueste su polémico proyecto de ley destinado a modificar las reglas electorales de Estados Unidos antes de los comicios de medio mandato de noviembre. El presidente impuso una vez más su voluntad en el poder legislativo y no permitió que el Senado confirmara este miércoles a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional, a pesar de que él mismo lo había nominado para el puesto, sin que el Congreso antes aprobara su controvertida ley. Trump rompió el esquema previsto al anunciar por la mañana en su red social Truth que mantendría a su anterior candidato, Bill Pulte, un colaborador leal y responsable de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, como director interino de Inteligencia en sustitución de Tulsi Gabbard, que dejará este viernes su cargo. Trump había elegido a Jay Clayton, quien ejercía de fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, para ocupar el cargo después de que Pulte fuera rechazado tanto por republicanos como por demócratas por carecer de experiencia en labores de Inteligencia. El presidente no tiene potestad para cancelar una audiencia del Senado, pero le bastó con ordenar a Clayton que no apareciera a su cita del miércoles por la tarde en la Cámara Alta para frenar el proceso. El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas y presidente del Comité de Inteligencia, informó del retraso en el nombramiento. “Es lamentable que el presidente haya instruido a Jay Clayton para que no comparezca hoy en su audiencia de confirmación”, declaró en redes sociales.Por la mañana, Trump exigió que, para seguir adelante con la nominación de Clayton, se aprobase a su candidato Jamie McDonald, un abogado en ejercicio privado, para reemplazarle como fiscal en Nueva York. Además, volvió a presionar con amenazas para que se apruebe la SAVE America Act, cuyo nombre completo es Safeguard American Voter Eligibility Act (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses), y que introduce el requisito de la prueba de ciudadanía para poder votar. “Para añadir un toque de intriga, pero por el bien de la nación y del pueblo de nuestro país, no aprobaré la FISA si no va acompañada de la ley SAVE”, declaró Trump en una publicación en redes sociales en la madrugada de este miércoles, mientras se encontraba al otro lado del Atlántico. Además de la votación para confirmar la nominación de Clayton, este miércoles estaba en juego la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), que permite a las agencias de inteligencia recopilar, sin necesidad de una orden judicial, las comunicaciones de extranjeros que se encuentren fuera de Estados Unidos. La FISA se ha considerado vital para obtener información de inteligencia capaz de frustrar ataques terroristas y operaciones de espionaje, aunque algunos legisladores y defensores de las libertades civiles han expresado su preocupación por el uso que hace el Gobierno de la información.El programa venció el viernes pasado, por primera vez desde que comenzó en 2008, y los demócratas habían declarado que no lo renovarían hasta que Trump retirara la candidatura de Pulte. Una orden judicial emitida el pasado mes de marzo certificó que el programa podía continuar durante otros 12 meses, pero se prevé que las empresas de telecomunicaciones impugnen la autoridad del gobierno para obligarlas a cooperar y compartir datos sin la autorización del Congreso.‘Nunca aprobaremos la ley SAVE’“Trump volvió a lanzar una granada a las negociaciones al vincular la ley FISA con la ley SAVE. Sabe perfectamente que eso garantizará que la ley FISA siga sin estar vigente. Y si cree que va a salvar su ley SAVE adjuntándola a la FISA, se equivoca de lleno. Jamás aprobaremos la ley SAVE. Nunca. Es sumamente perjudicial para nuestra democracia”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.La ley SAVE introduce la obligatoriedad de justificar la ciudadanía estadounidense para votar, con una identificación federal con fotografía, como puede ser un pasaporte, o un certificado de nacimiento. La norma ha sido muy criticada porque privaría del derecho al voto a varios colectivos. Los nuevos requisitos complicarían la participación en las urnas de millones de mujeres que han adoptado el apellido de sus maridos al casarse, una costumbre muy extendida entre los estadounidenses, por lo que su identidad no coincide con la de su acta de nacimiento. Asimismo, el requisito dejaría sin poder ejercer su derecho a todos los ciudadanos que no tienen fácil acceso a los documentos por vivir en zonas rurales o carecen de pasaporte (solo la mitad de los estadounidenses disponen de uno). También las personas del colectivo LGBTQ+ tendrán dificultades para ejercer el derecho al voto si el nombre del certificado de nacimiento no coincide con el que se registraron. Según un estudio del centro Brennan, dedicado a la defensa de la democracia, unos 21 millones de estadounidenses tendrían dificultad para conseguir los documentos necesarios para votar.El Gobierno ha justificado la propuesta como una manera de acabar con un fraude electoral, evitando que personas que no son ciudadanas de Estados Unidos voten, pero el riesgo es en realidad casi inexistente. Trump lo reclama con vista a las elecciones intermedias que se celebrarán en noviembre, donde los republicanos se juegan el control del Congreso del que ahora disfrutan. Su baja popularidad por la guerra en Irán y la campaña antiinmigración, que la mayoría de los ciudadanos desaprueba, han hecho saltar las alarmas en su partido.La Cámara de Representantes dio luz verde a la ley SAVE en febrero pasado, pero ha encontrado resistencia en el Senado, incluso entre algunos legisladores republicanos. Los demócratas han prometido bloquearlo en el pleno, lo que hace imposible alcanzar el umbral de 60 votos necesario para superar una maniobra de obstrucción (llamada filibuster). Además, no todos los republicanos respaldan el proyecto de ley.La última no es la única amenaza que Trump ha lanzado para conseguir sacar adelante la ley. En marzo, en uno de sus estallidos autoritarios, advirtió que no firmaría ninguna ley hasta que no se aprobara el proyecto electoral. Más tarde, intentó incluirla sin éxito en la ley presupuestaria que concedió 70.000 millones de dólares de nuevos fondos a las operaciones contra la inmigración. El presidente también vinculó la reforma electoral a la ley que proveerá con 350.000 millones de dólares al Departamento de Defensa.El senador por Virginia Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado, calificó la publicación de Trump del miércoles como una “muestra extraordinaria de disfunción por parte de un presidente que parece decidido a convertir la seguridad nacional de Estados Unidos en una moneda de cambio política”. “El mayor obstáculo para resolver estos problemas no han sido los demócratas ni los republicanos del Senado”, afirmó Warner. “Ha sido el caos y la confusión provenientes de la propia Casa Blanca”, dijo.