Las plantas de distribución de petrolíferos en México enfrentan un endurecimiento en la fiscalización que las obliga a comprobar, de manera estricta, la materialidad y la trazabilidad de sus productos.Esto se realiza con el fin de evitar ser vinculadas a investigaciones por operaciones simuladas o lavado de dinero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).Durante su participación en un seminario coordinado con la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, la CEO de la firma eServices, Alicia Zazueta, advirtió que el nuevo marco regulatorio derivado de la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento, los cuales están vigentes desde marzo y octubre del año pasado, respectivamente, exige al sector un cumplimiento del 100 por ciento en la acreditación del origen y destino de cada molécula de combustible.“La distribuidora, al igual que toda la cadena, debe de acreditar esa trazabilidad. ¿Qué significa esto?
Que acredite el origen y el destino de ese producto.
Por transferencia de custodia, por materialidad y trazabilidad, la distribuidora tiene que corroborar y acreditar tanto a la autoridad como a su cliente de dónde extrajo el producto y hacia dónde lo está trasladando”, expuso.
