Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular anunció que no apelara respecto al fallo del JEE que declaró imporcedente el pedido del partido para anular votos en la región de Puno. Dyer, confirmó que tras una reunión con el partido decidieron no apelar las resoluciones de las autoridades electorales que declararon "infundados" sus reclamos sobre varias mesas de sufragio, dando por cerrado el tema en esa zona del país. Únete a nuestro canal de política y economía Dyer explicó que, aunque existieron fuertes discrepancias iniciales sobre el conteo de los votos en Puno, la posición final de la agrupación política liderada por Keiko Fujimori es la de acatar lo dispuesto por la ley. "Si ya los argumentos que dimos al final no fueron suficientemente válidos para poder poner nuestra posición clara, simplemente hay que respetarlo", señaló el representante vía Canal N. TE RECOMENDAMOS¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS El fallo en Puno: se rechaza anular más de 7 mil votos La decisión del partido se da luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de San Román rechazara de forma definitiva siete pedidos presentados por el personero legal de Fuerza Popular, José Benel Alvarado Rojas. El partido fujimorista buscaba invalidar un total de 7,014 votos en diversas provincias de Puno (Azángaro, San Román, Melgar y Carabaya), asegurando que supuestamente se había impedido el ingreso de sus personeros a los colegios y denunciando presuntos actos de fraude. Sin embargo, el tribunal electoral determinó que Fuerza Popular no presentó ninguna prueba válida que demostrara estas acusaciones. En esa línea, las autoridades comprobaron que las elecciones se desarrollaron con total normalidad, bajo la supervisión de la PNP. Además, el organismo aclaró que, según la ley, el reclamo sobre los personeros no es una razón válida para borrar los votos de una mesa. El tribunal electoral aplicó el principio de "conservación del voto", que manda defender y respetar la decisión que los ciudadanos tomaron en las urnas frente a reclamos sin fundamento. De esta manera, se mantienen los resultados en el sur del país, donde el candidato Roberto Sánchez (JP) obtuvo un respaldo mayoritario frente a Keiko Fujimori. De los votos que se pretendían anular, 5.932 favorecían a Sánchez y solo 715 a Fujimori. Rechazo a demanda contra el voto extranjero De igual manera, el vocero de Fuerza Popular se pronunció sobre la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala ante el Poder Judicial, la cual busca anular la votación de los peruanos que residen en el exterior. El argumento de Ayala es que se modificaron normas del proceso de forma irregular luego de que la presidenta Dina Boluarte convocara a las elecciones generales de 2025. Al respecto, Dyer calificó la medida como un "insulto" para los peruanos que viven fuera del país. El vocero señaló que el partido se encuentra tranquilo y confía en que el Poder Judicial desestimará el recurso por no ser de su competencia. Walter Ayala presentó una demanda ante el Poder Judicial para anular votos en el extranjero Walter Ayala presentó una demanda ante el Poder Judicial para anular los votos de la segunda vuelta presidencial en el extranjero. Aunque es vocero de Juntos por el Perú, aclaró que actúa como ciudadano y que su reclamo es legal: sostiene que la ONPE cambió las reglas del juego al emitir una nueva norma solo seis días antes de la votación, violando la ley que prohíbe modificar las reglas una vez convocadas las elecciones. El principal cuestionamiento de Ayala es que la nueva norma ordenó trasladar físicamente las actas y cédulas en valijas diplomáticas, dejando de lado la digitalización inmediata que ya se había usado con éxito en la primera vuelta. Según él, este cambio desprotege la cadena de custodia de los votos y abre las puertas a un posible fraude. Además, critica que la norma otorgue gran parte del poder a los cónsules en el extranjero, al permitir que fusionen mesas de votación si no se instalan a tiempo o que elijan a los miembros de mesa si los titulares no asisten. Ayala argumenta que estas funciones no les corresponden y alteran la transparencia del proceso.