El Bolet�n Oficial del Estado ha publicado este jueves la reforma a golpe de decreto de la Ley de Financiaci�n de Radiotelevisi�n Espa�ola (RTVE) que 'perdonar�' a RTVE el conflicto con Hacienda que amenazaba con causarle un quebranto econ�mico de m�s de 940 millones de euros. Un decreto que llega cuando todav�a la Audiencia Nacional no se ha pronunciado sobre el litigio que Hacienda mantiene desde hace a�os con la Corporaci�n P�blica (y otras televisiones) por la forma en la que RTVE se deduce el IVA desde el ejercicio 2015 en un proceso que los propios auditores de la empresa p�blica alegan que puede suponer un impacto de hasta los 940 millones en el balance de la sociedad, seg�n la �ltima actualizaci�n proporcionada por la radiotelevisi�n p�blica a 31 de diciembre de 2025.�Por qu� tantas prisas ahora? Porque la situaci�n ha cambiado. Las �ltimas cuentas, las de 2025, fueron aprobadas por los 11 miembros del Consejo de Administraci�n afines al Gobierno y a sus socios. Los consejeros nombrados por PP se negaron a aprobarlas y firmarlas conscientes de que en la contabilidad no estaba reflejado el agujero del IVA como viene ocurriendo precisamente desde 2015. Ante la posibilidad de que la Audiencia Nacional se pronuncie en breve y sin haber provisionado en las cuentas precisamente esos 940 millones de euros, el Gobierno ha acudido al rescate de RTVE con un decreto Ley, cuya letra peque�a deja mucho m�s que una reforma de la Ley de Financiaci�n de la Corporaci�n.El Real Decreto-ley 16/2026 modifica la Ley 17/2006 para introducir un nuevo art�culo 33 bis que declara expresamente que los impuestos que RTVE no pueda deducirse deben considerarse un coste del servicio p�blico y, por tanto, ser compensados por el Estado. La clave de esto son dos elementos. Por un lado, que convierte los impuestos no deducibles (IVA) en coste financiable del servicio p�blico. El nuevo art�culo establece que los impuestos que no resulten deducibles para RTVE forman parte del coste del servicio p�blico audiovisual estatal. Y, por otro, garantizar que ese coste no afecte al patrimonio ni al resultado contable de RTVE. La norma dispone que, cuando aparezca ese coste -incluso por decisiones judiciales o procedimientos relativos a ejercicios anteriores, como el litigio que est� ahora en la Audiencia Nacional-, RTVE registrar� simult�neamente un derecho de cobro frente al Estado por el mismo importe. El resultado es que la corporaci�n no tendr� que reflejar p�rdidas por ese concepto. El propio pre�mbulo del decreto reconoce que existen litigios pendientes sobre la deducibilidad de determinados impuestos soportados por RTVE y que una reciente sentencia ajena a la corporaci�n ha generado incertidumbre jur�dica.Aunque el decreto no menciona expresamente el procedimiento de la Audiencia Nacional, el pre�mbulo deja pocas dudas sobre su motivaci�n. El Gobierno admite que existen recursos pendientes sobre la deducibilidad de cuotas tributarias soportadas por RTVE y que la incertidumbre creada por recientes pronunciamientos judiciales obliga a actuar.Adem�s, el texto subraya que la medida se adopta para que RTVE pueda reflejar en sus cuentas el derecho a percibir del Estado el importe de los impuestos que finalmente no pueda recuperar y preservar as� su equilibrio patrimonial. En t�rminos pr�cticos, el decreto no resuelve el litigio ni altera formalmente la posici�n de las partes. El propio Gobierno afirma que la norma "no supone prejuzgar su resultado".Sin embargo, s� cambia las consecuencias econ�micas de una eventual derrota judicial de RTVE. Antes, una sentencia desfavorable pod�a obligar a RTVE a asumir el coste del IVA no deducible, con impacto directo en sus cuentas. Ahora, si la justicia concluye que ese IVA no era deducible, la ley establece que dicho importe se considerar� coste del servicio p�blico y generar� un derecho de compensaci�n frente al Estado.Es decir, el riesgo econ�mico deja de recaer sobre RTVE y pasa, en �ltima instancia, al financiador del servicio p�blico: el Estado.La norma establece que "el coste del servicio originado por estas circunstancias sobrevenidas genera un derecho a compensaci�n". Y a�ade que esta compensaci�n podr� abonarse presupuestariamente incluso en ejercicios posteriores. Por tanto, si una resoluci�n firme obliga a RTVE a devolver o asumir cuotas de IVA que hasta ahora consideraba recuperables, la corporaci�n tendr�a reconocido legalmente un derecho a ser compensada por el Estado por ese importe.Lo relevante es que la ley separa dos momentos: el reconocimiento contable del derecho de cobro frente al Estado y el pago efectivo mediante los mecanismos presupuestarios correspondientes. En consecuencia, el coste acabar�a traslad�ndose a las cuentas p�blicas, aunque el desembolso pudiera materializarse m�s adelante.Esta ser� previsiblemente una de las cr�ticas pol�ticas al decreto. Formalmente, el Gobierno sostiene que no est� alterando el litigio ni modificando las reglas tributarias, sino garantizando la financiaci�n de un servicio p�blico esencial. Pero materialmente s� introduce una protecci�n muy relevante: incluso si los tribunales concluyen que RTVE aplic� incorrectamente determinados criterios fiscales, el impacto econ�mico no recaer�a sobre la corporaci�n porque la ley convierte ese coste en compensable.�Qu� supone para el resto de televisiones p�blicas? Aqu� aparece uno de los aspectos m�s controvertidos. El nuevo art�culo 33 bis se incorpora exclusivamente a la Ley 17/2006, que regula la Corporaci�n RTVE. Es decir, el resto de televisiones p�blicas que se las apa�en. No afecta a entes como Corporaci� Catalana de Mitjans Audiovisuals, EITB, Canal Sur Radio y Televisi�n o Corporaci� Valenciana de Mitjans de Comunicaci�. Tampoco extiende este mecanismo a otros organismos p�blicos estatales.La justificaci�n jur�dica del Gobierno es que RTVE presta un servicio p�blico estatal regulado por una ley espec�fica que ahora se modifica. Sin embargo, la consecuencia pr�ctica es una diferencia de trato: RTVE dispone desde ahora de una cobertura legal expl�cita para trasladar al Estado el coste de eventuales contingencias fiscales derivadas de cambios doctrinales o sentencias, mientras que las televisiones auton�micas carecen de una previsi�n equivalente en esta norma.De esta forma adem�s se eleva de forma estructural el coste de RTVE, en un momento que el Gobierno adem�s es incapaz de aprobar presupuestos, por lo que probablemente recurrir� a medidas extraordinarias para cubrir este gasto. En la misma medida, tambi�n se reducir� la recaudaci�n de Hacienda, ya que dejar� de percibir esos impuestos que consideraba que la corporaci�n deb�a abonar.Varias fuentes conocedoras del conflicto del IVA que tantos a�os lleva siendo un dolor de cabeza para RTVE aseguran que "el Gobierno ha querido evitar que una eventual sentencia adversa sobre el IVA provoque un deterioro patrimonial relevante en RTVE u obligue a reformular cuentas, provisiones o planes financieros".De hecho, el pre�mbulo admite expresamente que la urgencia se justifica porque RTVE necesita reflejar ya en las cuentas de 2026 el derecho a percibir del Estado esas cantidades y preservar su equilibrio patrimonial. Es decir, RTVE tiene que aprobar las cuentas de 2025 y tiene hasta el 30 de junio. Ahora ya no hay escollo alguno.En resumen: el decreto no gana el juicio del IVA para RTVE, pero s� reduce dr�sticamente sus consecuencias econ�micas porque convierte cualquier importe que finalmente resulte no deducible en un coste compensable por el Estado. Si la Audiencia Nacional falla en contra de RTVE y esa decisi�n llega a ser firme, la factura acabar�a previsiblemente en los Presupuestos Generales del Estado y no en el balance de la corporaci�n.