Será la primera vez que un expresidente del Gobierno atraviese la puerta de la Audiencia Nacional como investigado. José Luis Rodríguez Zapatero accederá este miércoles por la entrada de autoridades antes de las nueve de la mañana y, justo cuando esté cara a cara con el juez José Luis Calama —que lo acusa ya de cuatro delitos—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará también en el Congreso de los Diputados, donde se somete a una sesión de control de alto voltaje en la que, de nuevo, la oposición le echará en cara los casos de corrupción que rodean a exdirigentes del PSOE. Zapatero es consciente, según su entorno, de que lo que diga en sede judicial retumbará con fuerza en sede parlamentaria. Y mucho más allá, en todo un electorado que, durante años, le ha visto como un referente del progresismo de la democracia y que ahora ansía sus explicaciones. El que fuera líder socialista acude a la cita “convencido de su inocencia” y sin que, previsiblemente, vaya a dar explicaciones sobre las joyas, de acuerdo con fuentes cercanas a él. El escenario que se le plantea al presidente —quien creó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando estaba en La Moncloa— es hoy peor que cuando el pasado 19 de mayo agentes de esta unidad le entregaron un auto que lo acusaba de ser el “vértice” de un entramado que tenía el “centro de coordinación” de una red de influencias en su oficina particular de la calle de Ferraz de Madrid, desde donde, supuestamente, él daba “instrucciones” y articulaba “la operativa financiera y societaria”. El juez Calama lo acusaba en un primer momento de un delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales, que se enmarcaban en varias operaciones como la presunta interferencia del expresidente en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra. Pero, tras el registro de su despacho y una valoración profesional de las joyas que fueron encontradas en la caja fuerte (tasadas en 1,3 millones de euros), el magistrado añadió dos delitos más a la causa: uno contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. El expresidente y su abogado, Víctor Moreno Catena, podrán entrar a la Audiencia Nacional por la puerta más cercana a la calle Génova, por la que entran los jueces, fiscales y trabajadores del recinto, porque así lo ha decidido el presidente del órgano, Juan Manuel Fernández. Esta decisión también se tomó con otras personalidades que a lo largo del tiempo han acudido ante un juez, por ejemplo, el expresidente catalán Jordi Pujol, o, recientemente, el expresidente del Ejecutivo popular Mariano Rajoy, que declaró como testigo en el caso Kitchen.La defensa trató de dividir la declaración y que el asunto de las joyas se pudiera aclarar en una fecha posterior, pero el juez Calama decidió este martes que debía hacerse todo junto. El instructor entiende que no hay “hechos nuevos” que Zapatero tenga que prepararse porque “la intervención de los efectos de valor y su posible repercusión tributaria” ya se conocían desde el pasado 19 de mayo, el día de los registros, así que por “razones de coherencia y economía procesal” considera que debe celebrarse una declaración conjunta. Lo previsible en este punto, según fuentes de su entorno, es que el expresidente guarde silencio porque considera que no ha tenido tiempo para preparar en profundidad toda la documentación y las explicaciones sobre la procedencia de las joyas. El juez Calama apuntó en su auto que, si lo estimaba oportuno, en el futuro él podía solicitar una nueva declaración. Zapatero acude con ganas de dar explicaciones. Lleva semanas inmerso en la gestión de su estrategia, sin apenas salir de su vivienda, recibiendo y escuchando consejos de distintos juristas que le rodean y preparando con su abogado una de las citas más importantes de su vida, según fuentes de su entorno. Ha estado adentrándose en el derecho penal, en el derecho de defensa y en todo lo colindante con la presunción de inocencia. Él está convencido de la suya y así lo hará saber en la sala. “Defenderá su presunción de inocencia”, explican citadas fuentes. Es consciente de la enorme “responsabilidad” a la que se enfrenta y, de alguna manera, reconoce que su declaración es doble, por el impacto que pueda tener en el procedimiento judicial y por el impacto en “tanto ciudadano progresista” que ha acogido la investigación con sorpresa e incredulidad. Su estrategia más procesal ha sido adelantada por su letrado en los escritos dirigidos a conocer las circunstancias en las que se volcó el móvil del exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, cuyo indicio podría ser anulado. Los mensajes de este terminal apuntan a una supuesta intervención de Zapatero durante los trámites del rescate —“Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”, “nuestro pana Zapatero detrás”—, pero la defensa ha pedido que Estados Unidos aclare las circunstancias en las que se clonó este teléfono porque sospechan que se hizo sin autorización judicial en 2021. Además, el entorno del expresidente insiste en que se trata de mensajes de terceros que, por sí mismos, no demuestran ningún tipo de intervención del expresidente con un funcionario público o alguien del Gobierno. Uno de los puntos más complicados de esta jornada pasará por desbrozar su relación con el empresario Julio Martínez Martínez y con la consultora Análisis Relevante, que cobraba de Plus Ultra y que, a la vez, pagó 490.780 euros en cinco años. Una de las últimas veces que el expresidente dio explicaciones públicas sobre este asunto fue en la comisión de investigación del Senado y negó, por ejemplo, que él conociera al dueño actual de la aerolínea, Julio Martínez Sola, o que él hubiera formado parte de las gestiones de nacimiento de esta sociedad. Sin embargo, los investigadores han encontrado un documento de Excel que, supuestamente, Zapatero remitió a su amigo Julio Martínez Martínez para captar a clientes y en el que ya aparecía el dueño de Plus Ultra. Además, los informes policiales señalan que él formó parte de un grupo de WhatsApp que estuvo en la creación de la consultora y para el magistrado esto supone un indicio de que, en realidad, él movía los hilos y Análisis Relevante era una suerte de empresa pantalla para cobrar favores. Al expresidente se le preguntará igualmente por el dinero que recibió la empresa de marketing de sus hijas, What The Fav, de Análisis Relevante (239.755 euros), así como de otras mercantiles sospechosas como Inteligencia Prospectiva (que pagó a las hijas de Zapatero 561.440 euros), propiedad de dos hermanos venezolanos. Posibilidades “cero” de prisión El Ejecutivo insistió este martes en el valor de la presunción de inocencia. “No olvidamos el legado social que nos ha dejado el presidente Zapatero”, esgrimió la portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, tras el Consejo de Ministros. “La presunción de inocencia es un principio jurídico fundamental, el expresidente va a dar todas las explicaciones. Vamos a dejar que ejerza su legítimo derecho de defensa y que la justicia haga su trabajo”, dijo. Informa Carlos Cué. Además de Calama, en frente de Zapatero, se sentará la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, que ha llevado las riendas de las pesquisas desde enero de 2025 y que fue la que judicializó el asunto tras recibir sendas peticiones de información de Suiza y Francia; las defensas de unos siete acusados más; y el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, que es el único letrado de las acusaciones populares al que se le permitirá estar dentro. A pesar de que en el asunto se han personado ya casi una decena de acusaciones (entre partidos políticos como Vox, Ciudadanos o Iustitua Europa y asociaciones ultras como Manos Limpias o Hazte Oír), el juez ha unificado todas las acusaciones en el PP. La cita puede alargarse en función de cuántas respuestas dé el expresidente. Él tendrá la potestad de decidir si contesta al juez y a la fiscal, además de al resto de letrados, o solo a preguntas de su propia defensa. Por si acaso, el magistrado ha habilitado también el jueves para que la cita judicial pueda continuar en el sexto piso de la Audiencia Nacional. La clave del día estará también en las medidas cautelares que se le puedan imponer al expresidente. Fuentes jurídicas que conocen bien el proceder del juez Calama creen que las posibilidades de que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional son “cero”, si bien no descartan otro tipo de medidas cautelares como pueda ser la retirada de pasaporte. Indican que el magistrado no es muy amigo de estas medidas limitativas de derechos y, prueba de ello, es que durante la investigación, y a pesar de que seguía bajo secreto, levantó la prohibición que había impuesto al inicio de salida de territorio nacional de algunos de los acusados. Así ocurrió con el empresario Julio Martínez Martínez, con el presidente de Plus Ultra, Martínez Sola, y con el consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli, además de con el empresario peruano Luis Felipe Baca. A todos ellos Calama les modificó el pasado mes de mayo las medidas cautelares y les eliminó la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado porque consideró que había mermado el riesgo de fuga.