Los contratistas que operan las prisiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden apoyarse más en herramientas de inteligencia artificial para comunicarse con los detenidos y seguir negándose a pagar el salario mínimo por su “trabajo voluntario”, en virtud de las normas de detención flexibilizadas difundidas el lunes.El ICE indicó que las normas, aplicadas a contratistas con fines de lucro y a cárceles que albergan a detenidos, se revisaron para “reducir la carga sobre nuestros operadores de detención”.
Expertos en el tema señalaron que los cambios ayudarían a los contratistas a limitar su responsabilidad legal, reducir costos y obtener más flexibilidad operativa, mientras que harían muy poco o nada para mejorar las condiciones de unas 60 mil personas detenidas hasta el momento. “Esto va a resultar 100 por ciento en un deterioro de unas condiciones de detención que ya son problemáticas”, señaló Michelle Brane, exombudsman del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que supervisó las prácticas de detención migratoria durante parte del gobierno de Biden. “Es coherente con su práctica general, que consiste en eliminar la rendición de cuentas y la supervisión.
