La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de las FARC que tiene fuerte presencia en Putumayo y Nariño.Foto: EFE - Consejero Comisionado para la Paz de ColombiaResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00Continúan los movimientos para el ingreso de 99 hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –la disidencia al mando de Walter Mendoza– a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, donde está previsto que inicien su tránsito a la vida civil en el marco de la política de Paz Total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.Según informó el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, el traslado comenzará este 17 de junio y se realizará en helicópteros contratados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño. “Hay cinco puntos de extracción acordados ya establecidos y desde ahí se van a mover a unas áreas de preagrupamiento y posterior se van a mover bajo un proceso que tiene establecido el Comisionado a las zonas de ubicación temporal”, dijo el general López.Según conoció Colombia+20, inicialmente estaba previsto que los integrantes de esa disidencia llegaran por vía terrestre a la ZUT desde distintos puntos del territorio, en recorridos que podían tardar entre tres y ocho horas. Sin embargo, durante una reunión que tuvieron hace ocho días con la cúpula militar, el general López les advirtió que la Fuerza Pública no tiene las condiciones para garantizar la seguridad de los desplazamientos terrestres por las extensas zonas que deben atravesar los distintos grupos hasta el punto de preconcentración. Fue él mismo recomendó que el traslado se hiciera de forma aérea.¿Qué pasará con las armas durante el vuelo?Debido a los protocolos que impiden transportar armas en aeronaves civiles, se acordó un mecanismo especial para el traslado. Antes de abordar los helicópteros, los hombres de la CNEB deberán depositar su armas en contenedores que irán en el helicóptero bajo custodia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, creado mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026. Una vez los integrantes aterricen en las zonas de preagrupamiento, ubicadas muy cerca de la ZUT, cada hombre recibirá de vuelta su arma para que ingrese a ese punto.Antes de que entren a la Zona de Ubicación Temporal deberán entregar las armas y municiones de forma definitiva al mecanismo. Estas pasarán después a custodia de la Fuerza Pública y posteriormente serán entregadas a Indumil para su destrucción.Para facilitar ese traslado, el Gobierno Petro suspendió las operaciones ofensivas militares y especiales de Policía contra integrantes de los Comandos de Frontera —la estructura adscrita a la CNEB que opera en Putumayo— y que hacen parte del listado reconocido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para el desplazamiento a la zona de ubicación. “Ya se inició hasta el día diecinueve de junio a las 23:59 horas. Las Fuerzas Militares cumpliremos, de acuerdo a la constitución de la ley, las instrucciones del señor presidente y va a hacer todo lo necesario para que se dispongan las capacidades para el desarme de movilización y el tránsito a la vida civil de esta estructura ilegal”, afirmó el general López.Armado Novoa respondió a AsocapitalesLas críticas de Asocapitales al traslado de integrantes de la Coordinadora Nacional hacia la ZUT en Putumayo recibieron una respuesta directa del jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos, Armando Novoa. Después de que el director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, cuestionara la falta de consulta a las autoridades territoriales y advirtiera preocupaciones sobre las condiciones del traslado, Novoa defendió la medida y aseguró que el ingreso de cerca de 100 integrantes de la estructura a la zona representa “un avance significativo” dentro del proceso de paz. “Hay que valorarlo también como una acción humanitaria en el territorio en beneficio de las comunidades”, afirmó a varios periodistas. Frente a los reclamos por la ausencia de consultas a alcaldes y gobernadores, Novoa dijo que no tenían por qué consultar a los alcaldes de otras ciudades. “Sería absolutamente incomprensible que, frente a la manifestación de un grupo ilegal en armas que decide dejarlas de lado para hacer tránsito a la vida civil, tuviéramos que estar sujetos a las consultas que debemos desarrollar con los alcaldes de Bogotá, Cali o Medellín. Eso no tiene ningún sentido”, afirmó. Santamaría insistió en que decisiones de este tipo deben construirse de manera coordinada con las autoridades locales y contar con información clara sobre las rutas, las condiciones de seguridad y los mecanismos de monitoreo previstos para la zona de ubicación.✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.Temas recomendados:
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