En la continuación del testimonio anticipado de José C., quien presentó la denuncia con la que se inició el caso Goleada, el testigo protegido explicó el funcionamiento de la estructura de las empresas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y su familia, investigados en esta causa por el delito de lavado de activos. La diligencia se reanudó cerca de las 09:20 de este martes, 16 de junio de 2026, en la cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte de Quito. Del testimonio anticipado participaron el fiscal del caso Dennis Villavicencio, el juez de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado Jairo García y las defensas de los procesados. Al denunciar el caso Goleada, José C., quien fue gerente financiero de una de las empresas de Aquiles Alvarez, acusó que un grupo de personas habría integrado una estructura delictiva que operaría desde 2021, cometiendo, presuntamente, delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y testaferrismo, entre otros, ocasionando un gran perjuicio al Estado ecuatoriano.PublicidadA diferencia del pasado 12 de junio, cuando en el testimonio anticipado, que se desarrolló de manera virtual, ocurrió un incidente por la desconexión del abogado Fernando Chávez Drouet, defensa de la empresa Fiorema S. A., la diligencia de este 16 de junio se realizó sin contratiempos y continuó con el interrogatorio de la Fiscalía General del Estado y el contrainterrogatorio de las defensas de los investigados. Tras un receso a las 13:30, el abogado de Aquiles Alvarez, Julio César Cueva, y Carlos Soria, defensa del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Raúl Chávez, cuestionaron la pertinencia de este testimonio. Soria, por ejemplo, comentó que José C. dio detalles exactos de placas de autos, números de cuenta, valores monetarios e incluso de galones de combustible; pero al momento de pasar al contrainterrogatorio, precisó Carlos Soria, “el testigo dijo que no recuerda nada de ninguna de las personas con las que trabajó ni si sabía si él autorizaba o no los pagos”. PublicidadPublicidad“Habló casi tres horas sobre las empresas de los señores Alvarez, cosas netamente empresariales y contables; pero al momento en que se le pedían aclaraciones dice que no recuerda. Y él era el encargado de realizar los pagos. El testimonio anticipado de hoy no aporta nada y es una burla en contra del sistema de administración de justicia”, enfatizó Soria. Por su parte, el abogado Julio César Cueva explicó que el testigo protegido hizo referencia a las estructuras y el funcionamiento de las compañías del alcalde de Guayaquil y de su círculo familiar; algo que, a criterio del jurista, es una descripción de cómo funciona cualquier empresa que tiene clientes y proveedores.“Eso es propio del giro normal de cualquier compañía; de hecho, está regulado en las normas. Desde el punto de vista de la ilicitud, el testigo no ha aportado absolutamente nada”, subrayó. Cueva observó que en su declaración, el testigo de este caso fue evasivo y contradictorio. El abogado de Aquiles Alvarez anticipó que corroborará el testimonio con la documentación que posee y advirtió que, de detectar alguna contradicción, presentará una denuncia por perjurio. Después del receso, la diligencia continuó en el Complejo Judicial Norte y se extenderá hasta las 18:00 con el interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. En el denominado caso Goleada son investigados el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, y su círculo familiar por una presunta estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles que habría servido para lavar dinero.PublicidadActualmente, en esta causa existen 28 personas naturales y jurídicas (empresas) procesadas por el delito de lavado de activos. El caso se encuentra en la fase de instrucción fiscal. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía General del Estado, el grupo empresarial y familiar de Aquiles Alvarez “habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para su centro de distribución, el cual debían despachar a embarcaciones de bandera nacional. Sin embargo, lo habrían desviado a embarcaciones internacionales y con esos réditos económicos crearon empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener beneficios económicos indebidos, simulando obligaciones, omitiendo ingresos y aparentando gastos”. (I)