Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, ha asegurado este lunes que durante la Administración de Donald Trump se ha entregado a las autoridades de su vecino al sur de la frontera a 313 personas buscadas por la justicia mexicana para que “enfrenten las consecuencias de sus actos”. A través de una publicación en su cuenta en la red social X, el diplomático ha dado a conocer la captura y entrega de un ciudadano mexicano buscado en el país por prostitución de un menor y agresión sexual, como “un ejemplo más de la sólida cooperación” entre ambos países. Este mensaje llega en un momento de tensión en las relaciones entre las dos naciones a raíz de la presión de Washington hacia el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y la lucha contra las drogas y tras las solicitudes de extradición de políticos de Morena acusados por EE UU de vínculos con el narcotráfico. Por su parte, desde Palacio Nacional han reclamado a la Casa Blanca por la falta de reciprocidad en pedidos similares que han sido denegados por el país vecino.Si bien Johnson no detalla en su publicación en qué periodo se hizo el traslado de detenidos a México, la dependencia diplomática ha indicado a EL PAÍS que se han producido desde el 20 de enero de 2025, es decir, desde el primer día en la Casa Blanca del segundo mandato de Trump. Consultados sobre información de los delitos por los que fueron detenidos y extraditados, así como los detalles de las entregas -por grupos o individuales- el personal de la embajada de EE UU ha matizado que esos detalles le competen al Departamento de Justicia de su país. Desde que Washington lanzó una acusación y pedido de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa bajo licencia, acusado de vínculos con el narcotráfico junto con otros nueve funcionarios de ese Estado el pasado 29 de abril, la relación entre México y EE UU ha sido empujada al límite. Desde la Fiscalía General de la República han afirmado que no ven evidencias que fundamenten la urgencia de detener ya, de forma provisional, a las autoridades señaladas, mientras en Palacio Nacional se han plantado en la exigencia de la presentación de “más pruebas”. “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, defendió la mandataria el pasado 30 de abril.Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense ha afirmado que la evidencia en contra de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y que también fue acusado de vínculos con el Cartel de Sinaloa mientras servía como secretario de Seguridad Pública durante la gestión de Rocha Moya, y la presentada contra otros coacusados es “mucha”. Mérida se ha entrado voluntariamente a las autoridades del EE UU. La Administración Sheinbaum ha entregado a Estados Unidos, desde octubre de 2024, a 92 sujetos de interés para el Gobierno de Donald Trump, en su mayoría narcotraficantes. El problema, según Palacio Nacional, es la disparidad.Según dio a conocer Sheinbaum el pasado 20 de mayo, Estados Unidos ha rechazado e ignorado en su mayoría 269 solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno mexicano. Fue en este mismo espacio donde solicitó reciprocidad a su homólogo estadounidense, quien le exige la extradición de 10 funcionarios vinculados al partido gobernante de México.“No se ha extraditado a México a ninguno de estos presuntos criminales. En otras palabras, lo que México siempre ha pedido —al menos bajo nuestra administración— es reciprocidad. ¿Por qué no se ha extraditado a ninguno de ellos si se trata de casos importantes y existe reciprocidad?”, reprochó Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria.Desde enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2026, México, según la mandataria, presentó 269 solicitudes de extradición a EE UU. Ninguna de las personas buscadas ha sido entregada a México, y 36 solicitudes han sido denegadas formalmente por las autoridades estadounidenses.Y así ha sido el último mes, en cada ocasión en que la presidenta ha sido consultada sobre el caso Rocha Moya. Dos años después de la victoria electoral que la llevó a Palacio Nacional, la mandataria utilizó la celebración de su victoria, el pasado 1 de junio, para cerrar filas con Morena, el partido de Gobierno, frente a la crisis provocada por las investigaciones que alcanzan a pesos pesados de Sinaloa y, tras preguntarse si Washington podría intentar influir en las elecciones intermedias de 2027, instaurar una narrativa de defensa de la soberanía.Un día después del mitin, Johnson afirmó que la lucha contra los carteles de la droga debería unir a los dos países en vez de dividirlos. “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío [...] en una discusión política es una oportunidad perdida”, ha sostenido en un mensaje en redes sociales. Esta declaración no cayó bien en Palacio Nacional, por lo que la presidenta marcó límites al diplomático. “Lo digo respetuosamente, por recordar, que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, zanjó el pasado 2 de junio la mandataria, que ha mantenido paños fríos desde que llegó al poder ante las maniobras de Trump.