Fotografía de archivo del opositor cubano José Daniel Ferrer (EFE/Alejandro Ernesto)José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ex preso político, advirtió a Infobae que el paquete de medidas económicas anunciado el viernes por el dictador Miguel Díaz-Canel no constituye una reforma genuina, sino la repetición de un patrón que el régimen ejecuta desde hace más de seis décadas.“Estas no son reformas, son parches. Y Cuba no necesita parches, necesita libertad“, afirmó Ferrer en comunicación con este medio. El dirigente opositor situó el anuncio de Díaz-Canel dentro de una secuencia histórica precisa: cada apertura económica del régimen fue proporcional a su desesperación del momento, y cada cierre llegó cuando recuperó margen de maniobra.PUBLICIDADEl dictador presentó el paquete ante los medios estatales con la consigna de que “son tiempos en que hay que cambiar”, aunque descartó que las medidas respondan a las presiones de Washington. Entre los anuncios figuran la incorporación de “nuevos actores” en el sector turístico —tras la retirada parcial o total de las principales cadenas extranjeras que buscan evitar sanciones estadounidenses—, una mayor autonomía para las empresas estatales en materia salarial y de comercio exterior, la eliminación de las importadoras estatales que operaban como intermediarias obligatorias, la liberalización parcial del sector agrícola y la apertura de más sectores a actores no estatales. Díaz-Canel también anunció que los cubanos residentes en el exterior tendrán las mismas condiciones de inversión que los habitantes de la isla, y que el aparato estatal se reducirá de 27 a 20 ministerios.Para Ferrer, el problema no reside en el vocabulario de las medidas sino en su arquitectura. Mientras el Partido Comunista conserve el monopolio del poder y el sistema judicial dependa del mando político, ninguna norma escrita ofrecerá garantías reales. “El régimen quiere capital sin capitalismo, inversión sin derechos, empresarios sin independencia, mercado sin libertad y prosperidad sin propiedad segura”, señaló a Infobae. Agregó que en una dictadura de partido único la propiedad privada siempre está condicionada: el negocio existe mientras el régimen lo tolere, el emprendedor avanza mientras no reclame derechos ni desafíe al poder político.PUBLICIDADEl Che Guevara y Fidel CastroPara comprender el alcance real de lo anunciado, Ferrer trazó ante Infobae una línea histórica que arranca en los primeros años de la revolución. La Primera Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, limitó la propiedad rural a 30 caballerías —unas 402 hectáreas— y creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que se convirtió en un instrumento político para concentrar poder en manos del nuevo régimen. Muchos campesinos recibieron tierra, pero el Estado tomó el control de la planificación, el crédito, los insumos, la comercialización y los precios.La Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, redujo el límite de la propiedad privada rural a cinco caballerías —unas 67 hectáreas—. Todo lo que excediera esa extensión pasó a manos del Estado, lo que liquidó no solo el latifundio sino también buena parte de la mediana propiedad agrícola cubana. El régimen ensayó luego varias fórmulas colectivas: las Cooperativas de Créditos y Servicios ataban a los pequeños agricultores al sistema estatal de crédito y comercialización; las Cooperativas de Producción Agropecuaria implicaban la entrega de las tierras a una forma colectiva; y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), creadas en los años 90 sobre antiguas granjas estatales, funcionaban bajo cuotas, precios impuestos y dependencia estatal, en la práctica una versión tropical de los koljoses y sovjoses soviéticos.PUBLICIDADEn las ciudades, el proceso fue igualmente sistemático. Primero fueron intervenidas grandes compañías, bancos, refinerías y centrales azucareros. Luego vino la nacionalización del comercio mayorista y de buena parte del aparato productivo. El golpe final llegó en 1968 con la llamada Ofensiva Revolucionaria: más de 55.000 pequeños negocios fueron nacionalizados o cerrados de un plumazo. Bodegas, barberías, cafeterías, talleres, zapaterías, puestos de comida, lavanderías, carpinterías y carnicerías desaparecieron bajo el argumento de combatir el “egoísmo” y la “mentalidad pequeño burguesa”. El principio rector que quedó, según Ferrer, fue uno solo: el ciudadano no podía prosperar por sí mismo; debía depender del Estado.Personas recorren un pabellón de la Feria Internacional Agroindustrial Alimentaria en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)