Noticia Exclusivo suscriptores La reacción ciudadana permitió activar los mecanismos de protección para tres menores, pero el caso también abrió un debate.Estodounidense en Bogotá Foto: Archivo particular16.06.2026 08:57 Actualizado: 16.06.2026 09:09
Las imágenes duraron apenas unos segundos, pero bastaron para desatar una reacción nacional. Un video grabado desde un edificio del norte de Bogotá llevó a cientos de personas a creer que un ciudadano estadounidense estaba abusando sexualmente de un niño, provocó la intervención de las autoridades y convirtió el caso en uno de los temas más comentados del país durante este fin de semana.La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que los exámenes practicados por Medicina Legal no encontraron indicios de maltrato ni de violencia sexual contra los tres menores de 4, 7 y 15 años que quedaron bajo protección de la entidad. Según la funcionaria, el escenario que inicialmente se difundió en redes sociales “está, hasta el momento, descartado completamente”.El caso tuvo origen en un video grabado desde un edificio del norte de Bogotá, donde varias personas interpretaron que un ciudadano estadounidense estaba agrediendo sexualmente a uno de los niños que se encontraba bajo su cuidado. La grabación se viralizó rápidamente y generó una ola de rechazo e indignación.Directora del Icbf descartó caso de abuso de extranjero a menor en Bogotá. Foto:ARCHIVOSin embargo, las versiones recopiladas posteriormente por las autoridades muestran un panorama distinto. De acuerdo con Cáceres, dentro del apartamento se encontraban dos adultos y tres hermanos menores de edad inmersos en la etapa final de un proceso de adopción. Los adultos eran una pareja proveniente de Texas, Estados Unidos, que había ingresado al país el 6 de junio para culminar el trámite.La directora del ICBF explicó que, según la información conocida por la Fiscalía, se presentó un incidente mientras los menores jugaban, situación que generó la necesidad de que uno de ellos recuperara la respiración. Aunque aclaró que no existe certeza sobre si hubo o no un atoramiento, indicó que ese episodio estaría relacionado con las imágenes que dieron origen a las denuncias.Varias personas ingresaron al apartamento y que una de las adolescentes tuvo que traducir a los adultos extranjeros los reclamos y acusaciones que se hacían desde el exterior. Según la funcionaria, fue precisamente esa menor la que más preocupación generó durante la atención institucional.Pese a ello, la directora insistió en que la reacción ciudadana no debe ser descalificada. Por el contrario, consideró importante que existan alertas cuando se perciben posibles riesgos para niños, niñas y adolescentes.Las imágenes muestran la contundente reacción de las autoridades. Foto:Esa es precisamente una de las primeras lecciones que deja el caso. Para Yadira Alarcón, directora de la Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, cuando existe un señalamiento de esta naturaleza el Estado tiene la obligación de actuar para proteger a los menores mientras se esclarecen los hechos.“En todo caso aquí priman los derechos de los menores de edad sin ser poco juicioso sin estas medidas preventivas de ellos quienes deben ser salvaguardados hasta que se decida de fondo sobre lo que sucedió. El Estado debe estar comprometido con la protección de la infancia y cualquier acción que ponga en peligro a los menores de edad debe ser respaldado por todas las instituciones”, dijo la abogada.Pero el episodio también abrió un debate sobre los riesgos de los juicios anticipados. Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que el caso evidencia los peligros de la difusión de información sin verificar. A su juicio, un video de pocos segundos terminó convirtiéndose en la base para señalar la comisión de un delito particularmente grave, en medio de un ambiente de indignación colectiva.“Existe una brecha peligrosa entre la inmediatez digital y los tiempos que exige el rigor de la justicia y la medicina forense. Lamentablemente, para cuando llega la aclaración oficial, la reputación de los implicados ya ha sufrido un daño importante, demostrando que la viralización no solo puede destruir honras, sino que puede llegar a incitar a la violencia física”, explicó Pérez.De otro lado, el abogado Saúl León sostiene que en un país marcado por distintos episodios de violencia resulta especialmente peligroso realizar acusaciones públicas sin una confirmación oficial incluso cuando el presidente Gustavo Petro salió redondeó los señalamientos y luego se retractó en su cuenta de X. Según señaló, la experiencia ha demostrado que los señalamientos masivos pueden derivar en agresiones físicas e incluso en hechos más graves contra personas que posteriormente resultan inocentes.El jurista subraya que, ante una presunta situación de flagrancia relacionada con menores de edad, las autoridades estaban obligadas a intervenir. Sin embargo, advierte que la situación es distinta para los particulares que realizan acusaciones públicas sin respaldo probatorio, especialmente cuando estas se difunden a través de redes sociales.Por su lado, Pérez explica que, si la investigación concluye definitivamente que no existió delito, podrían abrirse distintos escenarios legales. Entre ellos menciona la posibilidad de reclamaciones por los daños ocasionados, aunque recuerda que la jurisprudencia ha protegido la actuación de la fuerza pública cuando esta interviene bajo una apariencia razonable de legalidad para prevenir riesgos y preservar el orden público.“La presunción de inocencia y el debido proceso son pilares democráticos que no pueden quedar supeditados a los dictámenes de un tribunal digital, por eso, es muy importante la ponderación y la prudencia en el uso de redes sociales pues la ciudadanía suele tomar partido en asuntos complejos con muy poca información y eso le hace poco bien a la causa de la justicia”, dijo Pérez..Y añadió: “De igual manera. aquellos ciudadanos que grabaron, expusieron rostros y promovieron el escarnio público sin verificación, se exponen a eventuales consecuencias penales (por presuntos delitos de injuria y calumnia) e incluso civiles (obligación de indemnizar económicamente el daño moral, el daño a la vida de relación y los costos legales del error)”.El hecho de que los menores y la pareja estadounidense se encontraran en la etapa final del trámite recordó, además, la complejidad de estos procedimientos, especialmente cuando involucran adolescentes, y la importancia de preservar su estabilidad emocional mientras las autoridades verifican cualquier situación que pueda afectar sus derechos.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
