La Legislatura de Santa Cruz repuso la semana pasada a Eduardo Sosa en el cargo de procurador general de Justicia de la provincia, del que fue apartado en 1995, por el entonces gobernador Néstor Kirchner. En una entrevista del fin de semana, Sosa consideró su restitución como “una reparación institucional”. Sosa, de origen radical, había estado husmeando en trapos sucios del Gobierno provincial —irregularidades en el pago de honorarios a un estudio jurídico, el otorgamiento de créditos incobrables por parte del Banco de la Provincia de Santa Cruz— y hasta llegó a dictaminar a favor de sancionar a un juez de instrucción por dilatar la investigación de ilícitos que involucraban a funcionarios del gobierno provincial. Kirchner, que acababa de ser reelecto con amplias mayorías, se deshizo de Sosa mediante un sencillo trámite: suprimió por ley de la Legislatura el cargo de procurador, que era inamovible, y lo sustituyó por la doble figura de fiscal y defensor. Además, amplió de tres a cinco el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia provincial. El “Caso Sosa” fue considerado una aberración jurídica y la principal anomalía institucional en Santa Cruz. La Corte Suprema de Justicia ordenó en varias oportunidades al tribunal provincial que repusiera a Sosa en su cargo. La Legislatura, con mayoría oficialista y por decisión del gobernador Claudio Vidal, cumplió el jueves pasado con esa deuda.