La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene muy claro que la trama de Leire Díez no actuaba sola. En una ampliación de sus informes realizada tras el registro de Ferraz de la pasada semana, los investigadores han reunido nuevas pruebas que atan la coordinación de la fontanera de las cloacas de Ferraz con la Fiscalía en la etapa de Álvaro García Ortiz y su buena sintonía con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Díez utilizaba a ambas instituciones como salvoconducto para tratar de reunir informaciones que le sirvieran para sus fines. Existen indicios de que no iba de farol y que tanto la una como la otra colaboraron con su estrategia. Los agentes condensan las alusiones realizadas por Díez a sus contactos con la Fiscalía. Agregan ahora las anotaciones realizadas por Santos Cerdán e incautadas en el último operativo. Comienzan por la creación del dúo Leire-Villajero y la forma en la que Díez trató de atraerse el favor del excomisario. La fontanera trasladó a su defensa y al propio policía su capacidad para cerrar un pacto con la Fiscalía que le evitara la cárcel y transmitió que había acudido a la sede de la calle Fortuny de Madrid -donde se encuentra el despacho del máximo responsable del Ministerio Público y su Secretaría Técnica— con el propósito de concertar una reunión entre algún representante de esa institución y la defensa de Villarejo. La UCO refleja, además, las manifestaciones de nuevos testigos a los que se ha tomado declaración, un total de 16, y la forma en la que Díez y los suyos insistían en su capacidad de conseguirles un trato de favor de determinados fiscales. Por ejemplo, el empresario extremeño Joaquín Parra, vinculado con el plan para tratar de destruir a la instructora del caso del hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, indicó durante su interrogatorio que la fontanera hacía referencia a que la Fiscalía dependía del Gobierno y que los fiscales debían seguir órdenes de sus superiores. Prometió ayuda para desactivar algunas causas que le afectaban en ese momento. Parra declaró que fue Díez quien requirió al juez inhabilitado Luis José Sáenz de Tejada que presentara denuncias contra la magistrada Biedma ante la Fiscalía General del Estado, ya que consideraba que tenía "control" sobre esa institución. Como publicó este periódico, la primera denuncia interpuesta no prosperó y la trama remitió una segunda directamente a Álvaro García Ortiz, que inició su tramitación. La acusación de que Biedma formaba parte de una "organización criminal" integrada por distintos jueces acabó en manos de la Fiscalía extremeña, que finalmente archivó la denuncia. La UCO considera que Cerdán tuvo conocimiento del plan, como demuestran unas anotaciones que se le incautaron en las que puede leerse: "Se le dijo que pusiera la denuncia en Fiscalía General y se lo desestimaron al momento". La red efectuó promesas parecidas a Antonio Rodríguez Estepa, investigado en un caso de fraude de hidrocarburos, y al exguardia civil Rubén Villalba. Le indicaron que si proporcionaba munición contra la UCO, Díez, "relacionado con el Gobierno a un segundo nivel", le sentaría con "el jefazo de la Fiscalía" para que alcanzara un acuerdo que le garantizaría la impunidad. La Guardia Civil también precisa que la trama aseguraba que tenía contacto con fiscales concretos en la Audiencia Nacional y Málaga. La dirección política de la UCO Los investigadores sospechan de una interlocución directa con la Fiscalía General que ya ha quedado acreditada en parte ante la constatación de que Díez y los suyos se reunieron al menos en dos ocasiones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de García Ortiz, Diego Villafañe. Además de esta colonización de la Fiscalía, han apuntalado nuevas pruebas sobre los vínculos de Díez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El informe ampliatorio apunta que González instó la apertura de hasta tres informaciones reservadas contra agentes de la unidad que trabajan en causas especialmente sensibles para el Gobierno y que lo hizo instada por Díez, con la que mantenía una relación de amistad desde hacía tiempo. Se han localizado conversaciones en las que Díez habla de Mercedes con familiaridad y en las que queda claro que le indicó en varias ocasiones que miembros de la UCO filtraban información a la prensa. Además, se han localizado mensajes eliminados intercambiados por ambas en fechas coincidentes con la apertura de los expedientes. La UCO destaca que Díez se marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo "investigaciones internas" en el seno del Instituto Armado y que González las impulsó en coordinación con el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas. Lo hizo pese a conocer de forma desde mayo de 2025 que la Unidad había denunciado la puesta en marcha de una campaña de descrédito por parte de la cloaca dirigida a debilitar a sus miembros. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene muy claro que la trama de Leire Díez no actuaba sola. En una ampliación de sus informes realizada tras el registro de Ferraz de la pasada semana, los investigadores han reunido nuevas pruebas que atan la coordinación de la fontanera de las cloacas de Ferraz con la Fiscalía en la etapa de Álvaro García Ortiz y su buena sintonía con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Díez utilizaba a ambas instituciones como salvoconducto para tratar de reunir informaciones que le sirvieran para sus fines. Existen indicios de que no iba de farol y que tanto la una como la otra colaboraron con su estrategia.