La red de evasión fiscal y lavado desarmada por la Fiscalía tiene su raíz en Jalisco y Sinaloa e incluye a empresas del negocio farmacéutico y ligadas al huachicol

Durante años, Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador López Villaseñor vendieron sus servicios como hábiles abogados y llegaron a representar a grandes compañías farmacéuticas, manufactureras, industriales y del sector de hidrocarburos, algunas con clientes internacionales. Paralelamente, manejaban un negocio de factureras y outsourcing, mediante una enorme trama de empresas fantasma creada para lavar dinero y evadir impuestos. La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo a inicios de junio un operativo para desmontar la red, a la que bautizó como El Caballito, referencia al caballo de ajedrez —esa pieza que avanza recto y luego tuerce su camino— que está en el logotipo de la principal firma fachada de Lasso Cervantes y López Villaseñor, Stratego. EL PAÍS se ha sumergido en la madeja empresarial de los abogados, que arroja vínculos con firmas acusadas de contrabando de combustible, conglomerados farmacéuticos y relaciones con la política de Jalisco, su principal bastión.

El operativo federal para desarticular la organización fue tan amplio como la red corrupta. La Fiscalía informó de que 440 agentes federales actuaron simultáneamente en siete Estados: capturaron a ocho personas —entre ellas las dos cabezas— y aseguraron 21 inmuebles, dinero en moneda de varios países y vehículos. La investigación tomó tres años. La FGR dijo que la red drenó al erario 12.000 millones de pesos (cerca de 700 millones de dólares), cifra estratosférica, equivalente a la mitad del presupuesto asignado al Estado de Tlaxcala. La simulación de operaciones para evadir el pago de impuestos y blanquear dinero es uno de los grandes males de México y un reto mayúsculo, pues no hay aún controles institucionales tan sofisticados como para atajar la proliferación de empresas de papel, creadas al vapor y vendidas al mejor postor, de empresarios a políticos hasta narcotraficantes. En un intento por parar la hemorragia de recursos, México ha clasificado la emisión de facturas falsas como un delito grave que amerita prisión automática.