El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el senador de izquierdas Iván Cepeda, que se disputan la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta electoral este 21 de junio, tienen visiones diametralmente opuestas en seguridad. Cepeda es un convencido de las salidas dialogadas al conflicto armado y no descarta nuevos intentos de negociación a pesar del desgaste de la política de paz total del presidente saliente, Gustavo Petro, que buscaba negociar en simultáneo con todos los grupos armados. De hecho, plantea que el asunto no puede resolverse únicamente con la coerción estatal. De la Espriella, por su parte, promete mano dura, cierra la puerta a cualquier negociación y tilda la paz total como una “traición a la patria”. Ambos han denunciado amenazas de muerte, y además se han cruzado más recientemente acusaciones de planes de autoatentados. Los dos se suben a las tarimas custodiados por guardaespaldas con pesados escudos blindados, y el ultraderechista incluso suele hablar detrás de cristales antibalas. Es un testimonio visual del deterioro de la seguridad, en una campaña que ya vivió el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en una etapa temprana. Las elecciones se celebran en medio de una violencia recrudecida. A casi diez años de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC –una exitosa negociación en la que participó Cepeda–, otros actores armados amenazan a las comunidades y una guerra más fragmentada crece con varios focos. La crisis incluye el asesinato de todo tipo de líderes sociales, y es particularmente aguda en lugares como Catatumbo o Arauca, en la frontera con Venezuela; Cauca, Nariño y Putumayo, en el suroccidente sobre el límite con Ecuador; o el selvático departamento de Guaviare. Sea quien sea el próximo presidente, que se posesiona el 7 de agosto, recibirá un país con más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales, de acuerdo con las estimaciones de la Fuerza Pública recogidas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Muchos de esos nuevos reclutas son menores de edad.La seguridad humana de Iván CepedaLa trayectoria de Cepeda, quien llegó a la política como representante de las víctimas, explica en parte su enfoque de “seguridad humana”. Además de su papel clave en los diálogos de La Habana que desembocaron en el acuerdo firmado con las FARC, fue uno de los delegados del presidente Gustavo Petro en la congelada mesa con el ELN, la última guerrilla en armas.Hasta los más entusiastas de las salidas negociadas al conflicto armado colombiano le reclaman a Petro no haber implementado con mayor decisión el acuerdo firmado con las FARC. Cepeda, candidato de su partido, propone implementarlo de manera integral –fortaleciendo los sistemas de protección a líderes sociales– y fortalecer un enfoque preventivo, que ataque la falta de oportunidades en regiones periféricas, de tal forma que el crimen no sea la primera opción para muchos jóvenes.“Nuestro Gobierno concebirá la seguridad desde una perspectiva humana e integral, orientada a la transformación territorial. No repetiremos fórmulas que han fracasado una y otra vez”, se lee en la página web de la campaña de Cepeda. Entre sus propuestas destacan garantizar el “acceso progresivo a educación, empleo, cultura y deporte como alternativas reales frente al reclutamiento forzado”. La FIP ha hecho un análisis sobre los vacíos e interrogantes de las propuestas de seguridad de los aspirantes presidenciales. “En términos de derechos humanos, esta propuesta tiene una fortaleza clara: prioriza la protección de la vida y las víctimas y evita enfoques exclusivamente punitivos”, valora sobre la de Cepeda. “El problema es que deja abiertas preguntas sobre cómo garantizar esos derechos en territorios donde los actores armados mantienen el control o disputas violentas”. Las megacárceles de Abelardo de la EspriellaEl candidato de ultraderecha, De la Espriella, insiste en fortalecer la Fuerza Pública y endurecer el sistema penal, con la promesa de construir una decena de megacárceles a semejanza de lo hecho por Nayib Bukele en El Salvador. Postula una versión renovada de la política de seguridad democrática, un sello fundamental de los dos gobiernos del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), con bombardeos, una ofensiva aérea respaldada por Estados Unidos e Israel y la erradicación forzada de los cultivos de hoja de coca: asegura que erradicará 330.000 hectáreas, una cifra que no aparece en ningún documento oficial; para el cierre de 2024, se calcula un récord de 261.000 hectáreas. El ultra también propone crear una “primera línea de seguridad” conformada por veteranos y reservistas de la Fuerza Pública –en lo que sus críticos detectan ecos del paramilitarismo–. Su página web, Defensores de la Patria, enunciaba una promesa: “90 días para retomar el país: el plan de De La Espriella para recuperar los territorios perdidos”. “Le doy mi perspectiva como ministro de Defensa sin referirme a un candidato: es imposible”, respondió Pedro Sánchez, actual ministro de Defensa, en una entrevista reciente con EL PAÍS. “Esta propuesta la veo totalmente inconcebible, no porque no se pueda afectar la amenaza o derrotar el narcotráfico, sino porque no se puede hacer en tan poco tiempo. La punta del iceberg son los grupos criminales, pero lo que yace debajo son las economías ilegales como el narcotráfico que le dan una capacidad de recuperación y crecimiento criminal”, explicaba el general en retiro de la Fuerza Aeroespacial, un militar condecorado al que De la Espriella calificó de “ministro de pacotilla” en una entrevista con Caracol Radio. En esa charla, el candidato matizaba que su promesa de los 90 días se refería a un “plan de choque” para capturar a “diez cabecillas importantes del narcoterrorismo y del crimen organizado”. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo con las FARC, se reafirmó entonces en que, si dependiera de él, la eliminaría “con un plumazo”.“La experiencia de América Latina muestra que estrategias altamente punitivas pueden producir reducciones rápidas de violencia, pero también riesgos institucionales y humanitarios importantes”, advierte el análisis de la FIP sobre la propuesta de De la Espriella. “La discusión no es si el Estado de derecho debe actuar con firmeza, sino cómo hacerlo sin erosionar las reglas democráticas”.