En el verano de 2022, Patricia tenía 24 años y decidió que no saldría de fiesta porque tenía miedo. ¿De qué? “De la oleada de pinchazos. Me da miedo no darme cuenta de que me pinchan, no saber con qué lo hacen o que los elementos estén infectados y puedan causar alguna enfermedad. Me voy a quedar en casa por las noches”, dijo a este periódico esos días. En julio y agosto de aquel año se vivió un goteo de noticias sobre denuncias por lo que, en un principio, se creyó que eran intentos de sumisión química. Esas informaciones despertaron la preocupación de mujeres e instituciones y alertaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La inmensa mayoría quedaron en nada, pero aquella alarma es la principal hipótesis de los expertos de Interior para explicar por qué, a partir de entonces, las cifras de denuncias que registran por violencia sexual en la que media la sumisión química ―alrededor del 1,8% de todas las agresiones sexuales contabilizadas― pasaran de unas decenas a más de 300 al año.Ese año, según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, se rompió el patrón de crecimiento paulatino desde 2015 con un salto numérico notable. El primer año del que hay datos, 2015, fueron 28 denuncias; en 2016, 33; 43 en 2017; 50 en 2018 y 59 en 2019. En 2020, a pesar de los confinamientos y las restricciones por la pandemia, se produjeron 39. En 2021 hubo 64, en 2022 se registraron 315 y a partir de ahí nunca ha bajado de esas tres centenas: 387 en 2023, 348 en 2024 y 357 en 2025. Esto, con datos de Interior que incluyen la información de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y las policías locales que aportan datos al Servicio Estadístico de Criminalidad; por lo que quedan fuera Cataluña y País Vasco, con su propia contabilidad.¿Pero qué pasó en 2022? Desde la Oficina Nacional Contra las Violencias Sexuales (ONVIOS) apuntan como posibilidad dos cuestiones que, remarcan, son “hipótesis”. Una, legislativa: la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual el 7 de octubre de 2022, por la que se eliminó el delito de abuso sexual y se agrupó todo como agresión sexual, “dio una redacción mucho más precisa” a cómo se recogen estos casos, “lo que puede haberse traducido en un mejor reflejo de esta casuística en las estadísticas policiales”. Ahora, en el Código Penal, se especifica que se considerará agresión sexual “cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad” y es uno de los agravantes que se recogen: “Cuando para la comisión de estos hechos la persona responsable haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto”.La segunda posibilidad que señalan los expertos de Interior, y creen “más plausible”, es la sociológica, la que tiene que ver con lo que ocurrió hace ya cuatro años: “En el verano de 2022 [los meses en los que se producen los mayores picos de denunci], se sucedieron numerosas noticias sobre casos de pinchazos en discotecas y salas de fiesta que pudieron acabar en agresión sexual. Aunque muchas de esas noticias resultaron inveraces, al dar visibilidad al fenómeno es posible que las víctimas de estos episodios se hayan decidido a denunciarlos cuando antes no lo hacían”.No son, sin embargo, muchas las que lo hacen, las que denuncian. Mar Muñoz-Chápuli es ginecóloga y obstetra en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y es también la coordinadora en ese centro del Código VISEM, el protocolo de esa autonomía para la asistencia sanitaria urgente e integral a mujeres víctimas de violencia sexual que se implantó en 2021. Afirma, al otro lado del teléfono, “que los datos de denuncias son una parte ínfima de lo que hay a diario”. Hemos atendido desde mujeres migrantes a estudiantes o madres de familiaAna Muñoz-Chápuli, ginecóloga y obstetra, coordinadora del servicio especializado en violencia sexual del Hospital Gregorio MarañónCuenta que solo en el Marañón, ellas atienden alrededor de medio centenar de mujeres que acuden cada año por ese motivo. “Comienzan el acompañamiento psicológico y médico, sí, pero poner una denuncia, eso casi nunca”, dice. Hay múltiples motivos por los que las mujeres no quieren enfrentarse a un proceso judicial, o no pueden por el estado físico y psicológico en el que se encuentran. Está, además, la cuestión de cómo son esos procesos judiciales y la dificultad que existe a veces para probar esos delitos de los que se sabe que acaban en condena un porcentaje mínimo pero de los que no hay datos que se ofrezcan de forma regular ni pública y los que existen ―los de Fiscalía, los del Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS), dependiente del Ministerio de Justicia, y los de la base de datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj)― se han demostrado inexactos.Una bolsa oculta que se calcula en más del 90%La ginecóloga estuvo hace poco en una formación en el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Cimascam) de Madrid y ahí salió la cuestión de la bolsa oculta: “Calculan que fuera de la pareja o expareja se denuncian menos del 10% de las agresiones”. Las denuncias, y por lo tanto los datos oficiales, han ido creciendo, sobre todo a lo largo de la última década, pero siguen siendo una foto muy pequeña de la realidad que afecta a mujeres de todas las edades, las nacionalidades o las condiciones sociales o económicas. Muñoz-Chápuli afirma que no existe un perfil determinado: “Hemos atendido desde mujeres migrantes a estudiantes o madres de familia, aunque lo que vemos más es a mujeres entre los 30 y los 40 años que salen con amigos, se ponen a hablar con alguien y, de repente, aparecen con un episodio de amnesia en otro lugar, o con signos de agresión, y no saben muy bien qué ha pasado. Y vienen con el diagnóstico de sospecha porque hasta que no se remiten las muestras al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se denuncia, no se puede tener la certeza”. Aunque en la mayoría de casos no se inician esos procesos y, por lo tanto, esas muestras siguen archivadas, sin analizar, en los casos en los que sí se hace y aparecen medicamentos, suelen encontrar “fundamentalmente benzodiacepinas de acción rápida”, fármacos para la ansiedad como el alprazolam o el lorazepam, “mezclados con alcohol”. Esta es la llamada sumisión química proactiva, la que consiste en drogar directamente a otra persona para agredirla: es la más difícil de identificar y, según diversos especialistas, es, en general, la minoritaria en estos casos. La mayoritaria es la oportunista, donde el alcohol u otras drogas consumidas de forma voluntaria son el eje. Aquel “truco” de uno de los amigos del Xokas, del que este streamer de Twitch presumió hace unos años en un directo: esperar a que las mujeres estén borrachas, o contribuir a ello invitándolas a algo más de lo que ya habían bebido, para llevárselas. “Un crack, un fuera de serie, de puto pro” calificó entonces el Xokas a su amigo. Pero ese comportamiento, en realidad, no es un truco para ligar, sino que puede constituir un delito.El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.