El principal investigado figura con alerta roja internacional y enfrenta un requerimiento fiscal presentado en 2025Una operación coordinada por el Ministerio Público ejecutó medidas de privación de dominio sobre 104 bienes de presunto origen ilícito en Copán, Lempira y Ocotepeque, en una investigación contra un ciudadano hondureño señalado por supuestos vínculos con la estructura criminal “Los Pinto”.Las acciones se realizaron de forma simultánea en esos tres departamentos, donde equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), junto con otras instituciones de seguridad y justicia, aseguraron activos incluidos en una investigación patrimonial y financiera. Según la información oficial, las medidas buscan impedir la disposición de bienes que, de acuerdo con los hallazgos preliminares, podrían haber sido adquiridos con recursos cuya procedencia no ha podido ser acreditada legalmente.PUBLICIDADEl principal investigado figura bajo una alerta roja internacional, según indicaron las autoridades, y el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra durante 2025.Entre los bienes asegurados figuran 19 propiedades, 38 productos financieros, siete sociedades mercantiles y 40 vehículos, todos vinculados al principal investigado.La investigación se desarrolla como parte de una estrategia para identificar estructuras financieras utilizadas para ocultar o movilizar recursos provenientes de actividades ilícitas.De acuerdo con los informes presentados por los equipos de investigación, el principal investigado habría mantenido relaciones comerciales y financieras con Orlando Pinto Espino, identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”.PUBLICIDADLos análisis efectuados por la ATIC permitieron detectar operaciones y movimientos económicos que, según los investigadores, evidencian una relación entre ambos y justifican la ampliación de las pesquisas sobre el origen y destino de los recursos manejados.El operativo incluyó el aseguramiento de 19 propiedades, 38 productos financieros, siete sociedades mercantiles y 40 vehículos vinculados al investigado.Uno de los elementos centrales del caso es el volumen de recursos que, según las investigaciones, habrían sido movilizados por el principal acusado.De acuerdo con un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el investigado habría realizado transacciones que superan los 1.600 millones de lempiras dentro del sistema financiero nacional.Las autoridades aseguran que una parte de esos movimientos no cuenta con documentación suficiente para justificar la procedencia de los fondos. Las pesquisas identificaron, específicamente, un monto superior a los 418 millones de lempiras cuya fuente de origen no habría sido acreditada de manera satisfactoria ante los organismos competentes.PUBLICIDADComo parte del proceso, fiscales y especialistas financieros desarrollaron análisis patrimoniales, auditorías y estudios de movimientos bancarios para establecer la relación entre los ingresos declarados y los activos acumulados por los investigados.Agentes de la ATIC participaron en los allanamientos ejecuta. (FOTO: X/Ministerio Público)Los resultados preliminares apuntan a una aparente desproporción entre la capacidad económica demostrada y el volumen de recursos movilizados, situación que motivó la solicitud de las medidas de aseguramiento patrimonial. Las autoridades sostienen que existen indicios suficientes para considerar que parte de los bienes intervenidos podrían estar relacionados con actividades ilícitas, extremo que deberá ser determinado mediante los procedimientos judiciales correspondientes.El Ministerio Público indicó que las diligencias relacionadas con este caso permanecen en curso y que no se descartan nuevas acciones derivadas de los hallazgos obtenidos durante las investigaciones financieras y patrimoniales.PUBLICIDADLas autoridades reiteraron que el aseguramiento de los bienes constituye una medida cautelar dentro del proceso judicial y que corresponderá a los tribunales determinar de manera definitiva el destino de los activos intervenidos.