La Comisión de Reformas al Sector Justicia emitió recientemente el dictamen favorable de las iniciativas 6493 y 6719, que proponen reformas al régimen de prisión preventiva y las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal.
El principal objetivo, de acuerdo con los ponentes, es corregir las prácticas que han sido implementadas y que han alterado la aplicación de la prisión preventiva en Guatemala, para que pueda aplicarse únicamente en casos necesarios y justificados.
Los cambios también persiguen evitar el hacinamiento y la prolongación indefinida de la detención sin una sentencia firme.
La propuesta exige que realice la audiencia de primera declaración después de 24 horas de la detención, incluso con juzgados de turno, expediente electrónico o videoconferencia.
Una de las modificaciones más relevantes es el cese de la prisión si el Ministerio Público no presenta las conclusiones de investigación en los plazos establecidos o si las audiencias del proceso, como la etapa intermedia en la que se debe presentar la acusación, no se efectúan en los plazos concretos.
