El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes una macroconvocatoria de empleo público para cubrir 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. El proceso empezará en octubre y es fruto de un pacto entre Justicia, que convoca una oposición para 375 jueces y 200 fiscales, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que oferta 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno (un concurso oposición entre juristas de reconocido prestigio y con más de 10 años de ejercicio). La convocatoria que recoge el BOE es parte del plan puesto en marcha por el Gobierno para cubrir las vacantes estructurales detectadas por el CGPJ y un incremento de 700 plazas de la plantilla judicial y fiscal que ultima el Ejecutivo y que, según fuentes del ministerio que dirige Félix Bolaños, quedará definitivamente aprobado en las próximas semanas a través de dos reales decretos, una vez recogidas las aportaciones del Consejo, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.La convocatoria pública de 700 plazas es una cifra récord que supone más del triple de las plazas convocadas en 2025 (200). Justicia lo ha definido como “un hito” en comparación con el total de 350 plazas convocadas entre 2012 y 2016. En total, según los datos del ministerio, el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde 2018, el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy.En el caso de las plazas de jueces, la convocatoria ha tenido en cuenta el Plan Estratégico del CGPJ para la próxima década, que, a cierre de 2025, cifró en 260 las “vacantes estructurales”: había 5.903 las plazas a cubrir por 5.643 jueces y magistrados. Según los datos del Consejo, los nuevos jueces que se han incorporado o se incorporarán a lo largo de este año apenas compensan las jubilaciones y disminuciones de plantilla previstas (133 en 2026, 135 en 2027, 157 en 2028 y 153 en 2029). Ese análisis llevó al órgano de gobierno de los jueces a advertir que, para el decenio 2026-2035, deberían convocarse cada año unas 370 plazas solo para poder cubrir los puestos que se estima que quedarán libres por jubilación o fallecimiento.A estas vacantes actuales y futuras hay que sumar las nuevas 500 plazas promovidas por Justicia para reforzar los tribunales de instancia ―que empezaron a entrar en funcionamiento el año pasado―, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Esta cifra, según ha reivindicado Justicia en los últimos meses, es superior a la suma de las plazas creadas durante la última década y supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%. El Gobierno considera clave para hacer posible este incremento la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico. El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, según datos de Justicia, frente a los alrededor de 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional.Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1%, pasando de 2.804 a 3.004, un incremento que demandaba desde hace años la carrera fiscal para cumplir con las necesidades. Justicia ha señalado que esta es también una cifra inédita y que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año. La distribución de las nuevas plazas, que Justicia prevé detallar en las próximas semanas, se ha realizado, según Justicia, atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado, además de las propuestas de las comunidades y de los tribunales superiores de JusticiaEn concreto, de las 500 nuevas plazas de jueces 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados. Estas últimas se repartirán en 71 para las audiencias provinciales, siete para los tribunales superiores de Justicia, cuatro para la Audiencia Nacional y tres para el Supremo. Según el plan elaborado por el Gobierno, los territorios en los que se crearán más puestos serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.