"Es un intento de criminalizar y de desmovilizar". Manu Pineda, fundador de la asociación Unadikum y exeurodiputado, resume así el informe que el 3 de junio puso a cuatro organizaciones no gubernamentales españolas en el centro de una acusación grave: canalizar fondos, "directa o indirectamente", hacia Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ambas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Las señaladas niegan de forma tajante cualquier colaboración con el terrorismo y coinciden en una lectura: el objetivo no es probar un vínculo, sino instalar la sospecha sobre quienes ayudan a Palestina.PublicidadLa acusación de financiación del terrorismo no procede de un juzgado ni de una investigación policial, sino de un informe del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, distribuido en España a través de un teletipo de la agencia EFE difundido por decenas de medios.Las organizaciones citadas son Paz con Dignidad, una asociación madrileña con más de dos décadas de cooperación en Palestina; Rumbo a Gaza, la campaña española integrada en la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad junto a Unadikum; la malagueña Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe; y Human Appeal España, filial de una ONG islámica británica con sede en Mánchester.Qué dice el informeEl documento construye sus acusaciones por asociación. A Human Appeal España le reprocha que su matriz británica fuera vetada en Israel en 2008 por sus lazos con Union of Good, a la que los servicios israelíes describen como "canalizadora" de fondos a Hamás. A Paz con Dignidad le atribuye una transferencia de 759.510 euros, antes de agosto de 2025, a Al Auda, a la que el texto califica de "rama sanitaria de Hamás". A la asociación Al Quds la vincula con el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), una de las entidades palestinas de derechos humanos de mayor proyección internacional, cuyo director fue condenado por un tribunal israelí. Y a Rumbo a Gaza la conecta con Hamás a través de Unadikum y del exeurodiputado Manu Pineda.El propio informe, sin embargo, no aporta ninguna transferencia documentada hacia estructuras armadas. Ninguna de las afirmaciones procede de una sentencia firme dictada en España ni de un procedimiento abierto por las autoridades españolas: todas emanan del mismo texto ministerial, que cita únicamente resoluciones de tribunales militares israelíes, cuyas garantías procesales para la población palestina han sido cuestionadas de forma reiterada por organizaciones de derechos humanos.PublicidadEl comunicado conjunto que firman Paz con Dignidad, Unadikum y Rumbo a Gaza lo expresa en términos rotundos: las acusaciones "carecen de pruebas verificables y se presentan sin evidencia documental, judicial, administrativa o financiera que las sustente". El texto enmarca el episodio en "una campaña continuada de criminalización de la solidaridad internacional con Palestina" cuyo objetivo, sostiene, es "desacreditar, intimidar y silenciar" a organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, y advierte de que el blanco último no son las ONG europeas, sino "la sociedad civil palestina" que documenta crímenes y sostiene servicios esenciales sobre el terreno.Qué responden las organizacionesLa primera objeción es administrativa. Sandra Barrilaro, fotógrafa, activista y portavoz de Rumbo a Gaza, explica por qué Unadikum aparece como "gestora financiera": "Rumbo a Gaza no es una ONG, es una campaña; no estamos constituidos como entidad jurídica, no tenemos CIF, y por eso Unadikum es titular de la cuenta a través de la cual pagamos la web, recibimos donaciones y transferimos a la Flotilla los gastos de las navegaciones". La etiqueta, añade, "lanza un mensaje sospechoso, como si nos dedicáramos a las inversiones".Pineda lo ilustra desde la propia Unadikum: "No tenemos ni un solo liberado", señala —la asociación cuenta con un único trabajador, un coordinador palestino en Gaza—; "no podemos ser la gestoría de nadie cuando ni siquiera tenemos quien lleve nuestras propias cuentas". Su vínculo con la causa no es nuevo: vivió en la Franja entre 2011 y 2014, donde, recuerda, ejercía de escudo humano para proteger a campesinos y pescadores, y presidió entre 2019 y 2024 la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. "Israel considera terroristas a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, de los agricultores o de la salud en Palestina", sostiene; "a mí no me preocupa que lo haga, porque es lo habitual. Me preocupa que aquí haya medios que le den voz sin contrastar".PublicidadEl informe destaca también que las ONG españolas recaudan mediante tarjeta, transferencia, Bizum o PayPal, un punto que Barrilaro despacha en una frase: "Son medios de pago que utiliza la inmensa mayoría de la población mundial sin que por ello sea algo sospechoso".Las tres firmantes recuerdan que ninguna ha sido imputada jamás por la Justicia española, y exigen a EFE y al resto de medios la rectificación de las afirmaciones "que carecen de respaldo probatorio y que nos ponen a nosotras y a nuestras socias en grave riesgo de seguridad". El comunicado reprocha de forma expresa "la falta de rigor periodístico" de quienes reprodujeron la información "sin verificar adecuadamente los hechos ni ofrecer a las organizaciones afectadas la posibilidad de contrastar". Para Pineda, ahí reside el peligro: "Es muy habitual que Israel señale y haya otro que dispare. Cuando un medio da altavoz a estas acusaciones, se hace responsable también de lo que pueda pasar".Esa dimensión —la del relato amplificado— es la que más inquieta a las señaladas. La acusación, sin documento judicial que la respaldara, saltó del informe a la portada: cabeceras conservadoras como El Debate o The Objective reprodujeron el teletipo, y el diario radicado en Miami Diario Las Américas tituló directamente que Israel acusaba a Pedro Sánchez de financiar el terrorismo, glosando que "el dinero de los españoles" sufragaría a Hamás. Cada repetición, sin pruebas, proyectaba una sombra de duda sobre la limpieza de unas organizaciones que nunca han sido llevadas ante un tribunal. "No convierte la calumnia en información: la multiplica", resume el comunicado de Unadikum. Desde la asociación fundada por Pineda señalan que el informe presenta varios errores e imprecisiones, llegando incluso a vincular erróneamente a otros activistas como Daniel Lobato como fundadores y miembros de la organización.Que el informe no tenga recorrido judicial en España no lo vuelve inocuo. "Israel lanza estas acusaciones en su territorio, donde afortunadamente no puede enjuiciarnos", advierte Barrilaro; "el peligro es que aquí alguna organización proisraelí las utilice para denunciarnos, como ya ha ocurrido". El lobby ACOM, fundado en 2004 y con sede en Madrid, ha presentado en los últimos años querellas contra ayuntamientos, periodistas y activistas propalestinos; la mayoría han sido archivadas o desestimadas por los tribunales españoles, que las consideraron amparadas por la libertad de expresión.Un precedente: las seis ONG palestinas de 2021La maniobra tiene un antecedente directo. En octubre de 2021, el Ministerio de Defensa israelí designó como "organizaciones terroristas" a seis ONG palestinas de primera línea —Al-Haq, Addameer, el Centro Bisan, Defense for Children International-Palestine, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas—, a las que acusó de desviar fondos de donantes europeos al FPLP. "Forma parte de la misma estrategia: criminalizar la solidaridad para estrangular a la sociedad palestina", sostiene Barrilaro, que recuerda que parte del personal de aquellas organizaciones sigue en prisión.Israel se negó entonces a hacer públicas las pruebas, como documentó el centro jurídico Adalah, que denunció que las designaciones se basaban en "material secreto". Un informe clasificado de la CIA, revelado por The Guardian en agosto de 2022, concluyó que la inteligencia estadounidense no había encontrado evidencia que respaldara la decisión. Nueve Estados de la Unión Europea —Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España y Suecia— se negaron en julio de 2022 a revisar su apoyo a esas organizaciones ante la falta de "información sustancial". Meses antes, más de treinta eurodiputados de los grupos socialista, verde, la izquierda y liberal habían registrado una pregunta escrita al Alto Representante, Josep Borrell, para que Bruselas reclamara a Israel las pruebas; entre los firmantes figuraba el propio Pineda.El patrón se repitió poco después con una agencia de la propia ONU. A comienzos de 2024, Israel acusó a una docena de empleados de la UNRWA —la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, con unos 13.000 trabajadores en Gaza— de haber participado en los atentados del 7 de octubre. Sin pruebas públicas, dieciséis países suspendieron unos 450 millones de dólares en financiación. La revisión independiente encargada por la ONU y dirigida por la exministra francesa de Exteriores Catherine Colonna concluyó en abril de ese año que Israel no había aportado evidencia para su acusación más amplia de infiltración. La mayoría de los donantes restableció después los fondos. "Si lo comparamos, lo nuestro es muy menor", apunta Pineda; "a la UNRWA la tratan de terrorista, le cierran sedes y encarcelan a sus funcionarios. El escarmiento de cara a los demás es enorme".PublicidadUna tendencia europeaEl caso español se inscribe en una tendencia más amplia que recurre a marcos antiterroristas frente al activismo propalestino. Alemania prohibió en noviembre de 2023 la red Samidoun, dedicada a la solidaridad con los presos palestinos, y desplegó después redadas en quince domicilios; en octubre de 2025, varios relatores especiales y expertos independientes de la ONU pidieron a Berlín que dejara de criminalizar un activismo mayoritariamente pacíficoEl Reino Unido ofrece el ejemplo más reciente, y también sus límites. En julio de 2025, el Gobierno laborista proscribió a Palestine Action bajo la legislación antiterrorista; desde entonces, más de 2.700 personas fueron detenidas por mostrar su apoyo al grupo. En febrero de 2026, el Alto Tribunal de Londres declaró ilegal y desproporcionada la prohibición, aunque esta sigue en vigor a la espera del recurso del Gobierno. El European Legal Support Center, en un informe de agosto de 2025, contabiliza solo en territorio británico 964 incidentes de represión contra la solidaridad con Palestina entre 2019 y 2025, una cifra que apunta a una política sostenida en el tiempo.El informe coincide con la orden del Gobierno de Netanyahu de tomar el control del 70% de la Franja, con la multiplicación de los desplazamientos forzosos y con el avance de la colonización en Cisjordania. Pineda, que no oculta su posición —"no somos neutrales ni equidistantes; apoyamos de forma decidida al pueblo palestino", sostiene que es precisamente esa franqueza lo que se intenta penalizar. "Decidimos desde el inicio no concurrir a fondos de cooperación, para que nadie pueda decirnos que nos callemos o nos cierren el grifo". El también secretario de Relaciones Internacionales del PCE rechaza de nuevo la acusación de financiación del terrorismo y recuerda que la única fuente de ingresos de Unadikum procede de aportaciones solidarias.PublicidadPese a la gravedad de las acusaciones, las organizaciones se muestran "firmes" en su compromiso con Palestina y aseguran que a pesar del "intento de criminalización" no van a detener su solidaridad con el pueblo palestino. "Quieren que paremos, pero no lo van a conseguir", sintetizan.