14 de junio, 2026 - 06h27Al ignorar las razones de peso para la tajante desaparición del Ministerio de Agricultura, sin desconocer las atribuciones presidenciales para hacerlo, consideramos nuestro deber expresar dudas respecto de su real eficacia. Para el efecto, acudimos a apuntes universitarios básicos de derecho agrario, encontrando que fusión implica desaparición de la entidad que se integra o absorbe. Ratificados en la revisión de algunos casos ecuatorianos, conceptuamos que, para que un hecho de tanta trascendencia se materialice, debió mediar un profundo estudio de los resultados logrados por la entidad que se extingue y las consecuencias que esa decisión acarrearía. Lo que se vislumbra es un negativo sometimiento del agro a una “macroestructura” donde predominarán las finanzas y el comercio exterior, siendo además una subordinación institucional que cesa el rol protector a los pequeños productores que distinguió al esfumado ministerio. Su misión resultará neutralizada por una agenda fiscal. Jurídicamente dejó de existir el ministerio del agro; se integró a otro recién creado Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Probablemente nacerá un viceministerio o una subsecretaría de agricultura, ganadería y pesca; pero, en todo caso, es una minimización del sector agrícola que disponía de una cartera dedicada exclusivamente a atender sus múltiples problemas en su amplio espacio de sanidad vegetal, asistencia técnica, comercialización, fijación de precios mínimos en algunos casos, solucionador de conflictos de tierra y atención a emergencias. Dentro del “macroministerio” que asumiría esas tareas existiría el riesgo de que las prioridades fiscales y macroeconómicas predominen en la agenda, tanto que al conocer y aprobar presupuestos que respondan a las necesidades del productor, Finanzas, que históricamente ha obstaculizado el financiamiento de los proyectos agrícolas, inclusive los esenciales, como Agrocalidad e Iniap, impondrá su hegemonía. Desapareció la respetada figura de Autoridad Agraria Nacional que consta en la compleja legislación agraria. El campo se despojaría del poco peso político que tenía.La agricultura es la más importante actividad económica del país, proclamada por todos los políticos, con ingredientes ambientales, sociales, de seguridad alimentaria y emergencias en escenarios catastróficos, como el vaticinado “Superniño”, que demanda urgencias por la exacerbación de plagas y enfermedades en los cultivos y el deber de asumir investigación avanzada, liderar tareas rezagadas, como adoptar la agricultura regenerativa, edición genómica, masificación digital, sostenibilidad productiva, adaptación al cambio climático, temas que tienen que ser liderados por un ministerio específico, que difícilmente podrá enfrentar un reparto altamente burocratizado como Finanzas, apremiado con funcionalidades y visiones diferentes que le son extrañas. Si de ahorro se tratase, la pregunta sería: ¿cuánto le costaría al Ecuador no contar con una institución capaz de proteger y fortalecer a uno de los sectores que más empleo, alimentos y divisas generan para la nación? Sin duda, el balance será negativo para el Estado. (O)