A poco menos de seis meses de promulgada la Ley de Inocencia Fiscal (LIF) proponen modificarla, cuando ya han adherido al sistema muchos contribuyentes, incluso un reconocido funcionario público y su cónyuge.
Solo se conoce el texto elaborado por el Ministerio de Economía, por lo cual el Ejecutivo podría introducirle cambios.
Han dicho que la reforma es consecuencia de los planteos efectuados por un grupo de contadores en una reunión con el ministro Caputo y el titular de ARCA, cuando es sabido que el borrador se debatía con anterioridad, con el objetivo de ampliar los sujetos aptos para adherirse al “blanqueo popular permanente” (denominado así por el Ejecutivo) y minimizar los motivos por los cuales puede darse por decaída la adhesión.
A tales fines, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para adherir a la declaración simplificada del impuesto a las Ganancias (DSIG) ampliando el universo de quienes podrán obtener los beneficios (presunción de exactitud y tapón fiscal), de los que no pueden gozar los Grandes Contribuyentes Nacionales, que son muy pocos y muy ricos, pero sí adherir al sistema, implicando que no deberán exponer sus consumos ni sus variaciones patrimoniales (art. 2). Es un cambio de paradigma muy particular.
