“¿Cuál es el incentivo para que los ahorristas saquen los dólares del colchón? Si ya hubo un blanqueo más que generoso de este Gobierno hasta hace muy poco”, se preguntó un banquero. Lo cierto es que la ley de inocencia fiscal que elaboró el ministro de Economía, Luis Caputo, entró en vigencia a principios de año y no dio los resultados esperados. Por eso el propio Ejecutivo busca modificarlo con un nuevo proyecto presentado ante el Congreso y el mismo objetivo: que los argentinos traigan el patrimonio que mantienen afuera de la órbita del fisco local.
“Tienen los dólares en sus casas, perdiendo plata, y el que más pierde es el país”, había criticado el jefe del Palacio de Hacienda algunos meses atrás ante el evidente fracaso de su herramienta. Las entidades consultadas por PERFIL registraron pocas operaciones para este nuevo blanqueo de ahorros. La ambición de Casa Rosada es ir por los US$ 330 mil millones de fondos líquidos que se estiman fuera del sistema financiero. De esos, se calcula que US$ 250 mil millones se encuentran dentro del país. En cambio, los depósitos registrados en el sistema son solo US$ 40 mil millones.
A los pocos interesados que ingresan los verdes, los bancos les piden documentación respaldatoria como indican los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos. También levantan alertas ante la Unidad de Información Financiera si las justificaciones no son convincentes. El Gobierno se había opuesto a todo esto. Con virulencia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia en Casa Rosada en diciembre del año pasado, había amenazado a los trabajadores del Banco Nación: “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”.
