La Caravana Global Sumud Land había salido de Mauritania casi un mes antes con un objetivo: romper por tierra el bloqueo israelí sobre Gaza e introducir ayuda humanitaria, el mismo propósito que la Global Sumud Flotilla que meses atrás surcó el Mediterráneo. En ambas iba Alicia Armesto, que pese a haber sido detenida y deportada por Israel el pasado otoño decidió sumarse al convoy terrestre como encargada de comunicación de la delegación española. Tras semanas atravesando el Magreb, sus distintas columnas confluyeron en el oeste de Libia y avanzaron hacia el este hasta detenerse a las puertas de Sirte, donde empieza el territorio que controla el mariscal Jalifa Haftar.PublicidadEl 24 de mayo, a las 15:22, el convoy perdió el contacto con su comisión negociadora. Diez de sus integrantes se habían adelantado hasta el puesto de control de Haftar para pedir el paso hacia Egipto o, al menos, que las tropas del este escoltaran los camiones de ayuda hasta la frontera. No hubo negociación: según el relato de los activistas, fueron introducidos en furgonetas negras. "No hemos sabido nada de ellos desde entonces", alertó la organización aquella tarde. No regresaron. Entre ellos viajaba Alicia Armesto Núñez, periodista madrileña de 62 años, secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) y veterana activista de la causa palestina. Cerca de tres semanas después, sigue retenida en el este de Libia por las fuerzas de Haftar, sin una acusación por escrito y sin fecha de salida. "No tenemos claridad sobre el proceso ni sobre los plazos", resume su hijo, Bruno Rodríguez Armesto, que coordina el caso desde España.No era su primer pulso con un bloqueo. En la Flotilla marítima de octubre, interceptada por Israel en aguas internacionales, Armesto había ejercido de enlace con los medios españoles —también con quien firma estas líneas, entonces embarcado en el barco Adara y que redactó un diario de a bordo para Público— antes de ser detenida junto a activistas como Greta Thunberg. La familia conocía el riesgo. "No es la primera vez que mi madre está fuera, ni la primera que está detenida", dice Bruno. "Sabíamos a qué se exponía", afirma, pero no esperaban llegar a este extremo.Daniel Lobato, activista que acompañó la expedición hasta poco antes de la detención, describe una operación de envergadura: “En su tramo libio, el convoy lo formaban alrededor de 250 personas de múltiples nacionalidades: personal sanitario, rescatistas, ingenieros, juristas y activistas, junto a una decena de camiones de ayuda y siete ambulancias”. El propósito, insiste, era el mismo de la flotilla: “Romper el asedio y el bloqueo” sobre Gaza y abrir por tierra una vía humanitaria.La iniciativa, sin embargo, no llegó ni tan siquiera a Egipto, país que comparte frontera con la Franja de Gaza. De hecho, un convoy humanitario previo ya había sido desmantelado por el Gobierno de Al Sisi en junio del año pasado.PublicidadEn esta ocasión, el convoy no logró cruzar la frontera artificial que divide Libia en dos desde la caída de Muamar el Gadafi en 2011. Al oeste, el Gobierno de Unidad Nacional, con capital en Trípoli, reconocido por la comunidad internacional y por España. Al este, el feudo del mariscal Haftar —"un señor de la guerra y mercenario", en palabras de Lobato—, que gobierna desde Bengasi sin reconocimiento internacional y no admite la autoridad del Ejecutivo tripolitano. El grupo había entrado en el país por la zona del gobierno reconocido y con visados en regla; al aproximarse al territorio de Haftar quedó atrapado en el pulso entre dos administraciones paralelas que se disputan la legitimidad del Estado libio.Durante una decena de días, la expedición acampó en pleno desierto, junto a una gasolinera abandonada, casi sin agua ni alimentos, mientras negociaba por carta y en persona con los militares del este. Una comisión de once personas —Lobato entre ellas— se acercó en ambulancia al checkpoint en dos ocasiones para tratar de pactar el paso o la entrega de la ayuda. La víspera de la tercera ronda, Lobato tuvo que volver a España por motivos laborales y familiares. La comisión, reducida ya a diez, fue retenida al completo: cuando su regreso empezó a demorarse, cuenta, en el campamento se dio por hecho lo peor.PublicidadLo que vino después fue la disolución forzosa de la misión. Un asalto nocturno al campamento, atribuido a desconocidos, precipitó el desmantelamiento de las tiendas. Los organizadores se replegaron a Trípoli para presionar a las embajadas, embarcaron la ayuda hacia Al Arish —el puerto egipcio más próximo a Gaza— y dieron el convoy por terminado, que no por disuelto: lo mantienen activo como plataforma para exigir la liberación de los diez activistas presos.Las acusaciones contra ellos no se han formalizado por escrito. Lo que las autoridades del este han trasladado, de viva voz, tanto a los detenidos como al cónsul español son dos eventuales delitos: entrada ilegal en el país y pertenencia a una organización criminal. "Se les ha acusado de entrada ilegal y de pertenencia a un grupo ilegal", confirma Bruno, que admite no haber visto ningún documento que dé forma legal a esos cargos. No se ha precisado a qué organización aluden. La primera imputación remite, de nuevo, al laberinto libio: el convoy accedió con visados expedidos por el gobierno reconocido, pero las fuerzas de Haftar no admiten esa autoridad y tratan su territorio como una jurisdicción aparte.Los relatos sobre las condiciones de la reclusión han variado con el paso de los días. En las primeras jornadas, los diez quedaron en aislamiento severo y sin comunicación, y varios iniciaron una huelga de hambre en protesta por la prórroga de la detención. Tras la llegada del cónsul español a Bengasi y la visita del cónsul italiano —que exigió mejoras—, las autoridades autorizaron llamadas semanales con las familias y la huelga concluyó; aun así, las familias denuncian que siguen sin conocer las acusaciones concretas y que los diez detenidos no han podido ser visitados todavía por sus abogados. La campaña de solidaridad describe a Armesto como "físicamente estable dentro de la gravedad", pero "muy afectada" en lo psicológico por el aislamiento, la incertidumbre y unos interrogatorios que se prolongan.Fue entonces cuando Bruno Rodríguez pudo hablar por fin con su madre. "Nos confirmó que están bien tratados; no es una cárcel per se, sino un centro de detención ligado a los servicios de inteligencia libios", cuenta. El grupo de la flotilla está encerrado en una suerte de centro de internamiento, se mueve con cierta libertad por el recinto y el trato, en lo físico, es correcto.Que la retenida sea periodista y sindicalista añade, para quienes la apoyan, una capa de gravedad. Virginia Danahe Sánchez, que coordina las acciones de solidaridad, enmarca el caso también como un ataque a la libertad de información: "Armesto lleva años documentando crisis humanitarias y conflictos", y su detención debería encender, sostiene, una "alarma democrática". "Donde no hay prensa, hay impunidad", repite la propia Alicia, según recuerdan sus compañeros.En el plano diplomático, las voces de la solidaridad reclaman más. Virginia reconoce que negociar con un actor internacional no reconocido es "un contexto extremadamente complejo", pero echa en falta "mayor contundencia política y diplomática" y una implicación europea más visible, además de que el caso se aborde abiertamente como un asunto de derechos humanos. "Insistimos en la necesidad de una mayor implicación internacional y europea, porque hablamos de una situación humanitaria delicada que requiere máxima presión diplomática y coordinación entre gobiernos".Rodríguez Armesto, en cambio, dirige sus reproches a Bengasi. Al gobierno de Haftar le exige lo que dice no tener: "tiempos claros", acceso de los detenidos a los abogados —contratados apenas la semana pasada y a los que todavía no han podido ver— y transparencia sobre un proceso que nadie acaba de explicar. "Queremos la repatriación inmediata de los detenidos y un proceso y tiempos claros". Al tiempo que niega de plano la acusación más grave sobre la posible pertenencia a una organización ilegal: "Lo desmentimos claramente", zanja, e insiste en que se trataba de una misión estrictamente humanitaria, una respuesta civil a la catástrofe que vive la población gazatí.PublicidadLobato sitúa la detención en un tablero más amplio. A su juicio, Haftar opera como engranaje de Egipto y Emiratos, sus principales valedores, en sintonía con el interés israelí de frenar cualquier marcha hacia Gaza; pero le atribuye además una agenda propia, la de quien ve en diez rehenes de distintos países una "moneda de cambio". El precio, sostiene, no se mediría tanto en dinero como en reconocimiento: la legitimidad internacional que su administración del este persigue desde hace años.A los detenidos se les habló primero de diez días de arresto; después, de treinta. Una comparecencia ante una instancia judicial del este prolongó la reclusión otros diez. Cerca de tres semanas después de aquel 24 de mayo, Alicia Armesto continúa en una celda de Bengasi sin una acusación por escrito, sin haber visto a sus abogados y sin una fecha de regreso."En los próximos días vamos a reforzar especialmente las acciones de visibilización, porque sentimos que el caso está perdiendo presencia mediática pese a la gravedad de la situación y pese a que siguen existiendo personas detenidas en condiciones muy preocupantes", afirma Sánchez con la resignación de saber que Alicia y los otros nueve activistas presos se acercan al mes de cautiverio sin visos de liberación inmediata.PublicidadFuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, en conversación con Público, destacan sobre este caso que el cónsul de España en Trípoli se desplazó a Bengasi, “donde se encuentra actualmente tras obtener la autorización de las autoridades de la zona y donde pudo reunirse con Alicia, así como con el fiscal general”. Desde Exteriores afirman que “la embajada de España en Trípoli ha trabajado en el caso desde el primer momento”; aunque recuerdan la complejidad del escenario ya que “la situación interna en Libia hace que las gestiones en Bengasi sean más complejas.”