Toda la estrategia mexicana ante el golpe ya estaba contenida en la primera reacción pública de la presidenta: “Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Claudia Sheinbaum marcó la pauta en la Mañanera del 30 de abril, el día siguiente a publicarse la insólita denuncia por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve altos funcionarios estatales. Desde entonces, la defensa se ha ido reforzando en los dos planos. En el político, la tesis del intervencionismo estadounidense está ya sobre la mesa, incluida una reforma constitucional para blindar las elecciones ante la “injerencia extranjera”. En el jurídico, la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación propia de la que, mes y medio después, apenas hay novedades. De su resultado dependerán en gran medida los siguientes movimientos a los dos lados de la frontera. A poco más de seis meses de llegar a la cúspide de la Fiscalía, Ernestina Godoy tiene en sus manos una de las llaves maestras del explosivo caso que ha desatado la mayor crisis en lo que va de sexenio. Al principio, todo fue rápido. Rocha pidió licencia temporal dos días después que el anuncio del Departamento de Justicia, y la FGR llamó a los 10 imputados “a rendir entrevista con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”. Por ahora se están recorriendo los trámites habituales en este tipo de casos, regulados por un tratado de extradición entre ambos países. Una de las causas para negar la solicitud de extradición es que el acusado esté enfrentando un proceso en el país que recibe la petición. Por eso México ha iniciado una investigación propia, que aún está en una instancia muy temprana, en la fase de recoger testimonios, todavía muy lejos de la imputación. Consultada por este medio, la Fiscalía decidió no dar más detalles. Los plazos legales han dado un respiro a las autoridades mexicanas, pero los tiempos se estrechan cada vez más. La petición a finales de abril del Departamento de Justicia fue, de momento, la detención provisional de los acusados. Un paso previo, que da 60 días para la formalización de la solicitud de extradición. El plazo vence en apenas dos semanas. A partir de ahí, toda la presión recaerá sobre Ernestina Godoy. Aunque la decisión definitiva sobre la extradición es fundamentalmente política y corresponde a la Cancillería, la FGR de Godoy se juega en este caso gran parte de su credibilidad, demostrando que efectivamente se llevó a cabo una investigación para determinar si existían “las pruebas claras” que reclama la presidenta. El caso Rocha es la gran prueba de fuego para la nueva fiscal y, por extensión, también para la presidenta Sheinbaum. Tras la salida de Alejandro Gertz Manero, que dejó un reguero de cuestionamientos, choques internos y una sensación extendida de impunidad, el relevo en la Fiscalía General supuso uno de los movimientos más audaces de la mandataria desde que llegó al poder. La designación de Godoy, una aliada histórica y figura central de su círculo político, fue un golpe en la mesa en relación al aparato de justicia de México. El fantasma del uso político de la justiciaLa estrategia de ganar tiempo y aguardar a los movimientos del rival todavía da opciones a México. Vencido el plazo de los 60 días, los fiscales estadounidenses podrían no formalizar la solicitud de extradición, dejarlo pasar. Y a partir de ahí, todo tendría que volver a empezar. “Esos pueden ser los cálculos del Gobierno, apostar a que no va a llegar el expediente completo y la solicitud perderá vigencia. Algo que no es descartable con la Administración Trump. Antes, un fiscal no llegaba a un juicio si no tenía la acusación bien amarrada. Ahora todo es posible viendo casos recientes”, apunta Ximena Medellín, investigadora del CIDE con amplia experiencia en el análisis de la justicia estadounidense. En septiembre del año pasado, los fiscales del Distrito Este de Virginia presentaron cargos contra el antiguo director del FBI, James Comey, por perjurio y obstrucción de la justicia apenas días después de que Trump abroncara en redes sociales a la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, para que forzara las imputaciones contra algunos de sus adversarios declarados. En noviembre, un tribunal desestimó el caso después de que se determinara que la fiscal que había asumido la causa tras la bronca de Trump a Bondi, Lindsay Halligan, una antigua abogada de Trump, había sido nombrada para el puesto de manera ilícita.Estos precedentes abren la puerta a la tesis del uso político de la justicia desde la Casa Blanca. “Ha habido fiscales de distrito que manipularon las pruebas del gran jurado. Es una época muy delicada en el Departamento de Justicia. Esto abre una suspicacia enorme con respecto a las instituciones que deben impartir justicia, porque la opinión pública percibe que ya no estamos ante un debate técnico, sino político”, añade la académica Medellín. Desde el Consejo de Seguridad Nacional, arietes como Stephen Miller y Sebastian Gorka están impulsando la estrategia del combate al “narcoterrorismo” como una prioridad en Latinoamérica, así como la consideración de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas como un peligro inminente para la seguridad nacional. Esta campaña da pie a una enorme discrecionalidad a la hora de la injerencia estadounidense en la región, apuntalando la nueva Doctrina Monroe de intervencionismo de la Casa Blanca. Tanto el Gobierno como el morenismo han abrazado esta tesis defensiva de manera explícita durante las últimas semanas. El broche fue la carta publicada en redes por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde acusa al entorno del presidente estadounidense —“falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras”— de utilizar “prácticas intervencionistas con el pretexto del combate al narcotráfico y la migración”.