14 de junio de 2026 - 11:43 PM
Puerto Rico suma largos años de una promesa incumplida. Un nunca más que se diluye y nos golpea en la cara cada vez que se perpetra otro feminicidio. Y el trágico escenario sigue ahí, construido sobre una lamentable desidia, mientras vemos consumarse finales que nos duelen y que acongojan a cientos de familias.
El asesinato de Gemillies Lozada Navarro, la joven madre loiceña de 25 años perseguida por su expareja en el expreso Román Baldorioty de Castro, donde impactó su automóvil y luego le disparó, no es un caso aislado. Gemillies había solicitado una orden de protección y el Tribunal de Carolina no encontró “motivos suficientes” para concedérsela. Treinta días más tarde, fue ultimada a balazos. Es la historia trágica que se repite.
No es una falla aislada del sistema. La intercesora legal Ángela Jiménez, quien acompaña víctimas en los tribunales de Carolina, San Juan, Mayagüez y Humacao, advierte que aproximadamente el 30% de las órdenes de protección son denegadas. La especialista sostiene que la denegatoria de una orden de protección final desencadena efectos físicos, emocionales y sociales en la víctima, quien queda a merced de una mayor peligrosidad porque su agresor “se crece” y se siente con mayor control.
