El costo diferido, medido en mortalidad evitable, morbilidad no tratada y destrucción de capital humano, excede con amplitud el ahorro fiscal inmediato que la Decisión Administrativa 20/2026 (11/05/2026) formalizó en una reducción presupuestaria de $69.954 millones en salud: $63.021 millones correspondientes a programas directos del Ministerio y $6.932 millones en transferencias a organismos descentralizados —ANMAT, ANLIS Malbrán, INCUCAI, SSS y ANDES. La medida no opera sobre una base neutral. Interviene sobre un sistema que acumula, entre 2023 y 2026, la mayor contracción presupuestaria de su historia reciente. El supuesto implícito que la sustenta —que recortar el gasto en salud equivale a eliminar costos— es técnicamente insostenible: el desfinanciamiento sanitario no suprime costos, los desplaza hacia adelante, los concentra sobre los sectores más vulnerables y los amplifica. Magnitud del deterioro acumulado. El Gasto Público Consolidado de 2024 experimentó una contracción de 6 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023, la mayor reducción desde la crisis de 2002. Los datos de ejecución presupuestaria documentados por CEPA muestran caídas reales de entre el 30% y el 36% en la función Salud de la Administración Pública Nacional con relación a 2023. El impacto no fue uniforme: la Superintendencia registró una caída del 69% al cierre de 2024 y del 61% a marzo de 2026; los hospitales nacionales exhibieron una subejecución del 55% para el año completo. ANMAT acumuló una reducción del 21% al cierre de 2024, profundizada al 33% a marzo de 2026; ANLIS Malbrán, al 35% en el mismo período. Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles y endémicas sufrieron recortes de entre el 59% y el 82% en términos reales.