Como especialista en políticas de infancias y juventudes, pero sobre todo como ciudadano que asiste con profunda indignación al goteo constante de vidas jóvenes truncadas, me veo en la obligación ética de alzar la voz. No podemos permitir que la muerte de una adolescente de 14 años sea reducida a un expediente judicial frío o a una crónica policial de consumo masivo. Lo que ocurrió con Agostina es la definición exacta, de manual, de la manipulación psicológica, el grooming en entornos virtuales y la absoluta desprotección estatal. Llegamos tarde. Llegamos dolorosamente tarde porque las instituciones miran para otro lado, dejando a sujetos peligrosos sueltos y desamparando por completo a los chicos antes de la tragedia. Para entender la dimensión real de este fracaso institucional, es indispensable desmenuzar los tres ejes críticos que confluyeron en este desenlace fatal: la desconexión judicial en el territorio, la obsolescencia de los tiempos policiales frente al delito digital y la deshumanización comunicacional de las fiscalías.
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