El mensaje apareció el domingo pasado en un grupo de WhatsApp de familiares de inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz, en los Everglades, al oeste de Miami. “¡No hay Bravo! Todos están en Alfa ya. ¡No hay Bravo!“, escribió una mujer cuyo esposo lleva cinco meses detenido en el remoto lugar y pidió no ser identificada por temor a represalias. Bravo y Alfa son los nombres internos de los dos sectores en que se dividían las celdas del centro. El mensaje fue recibido con entusiasmo en el chat y confirmó lo que muchos llevaban semanas sospechando: el infame centro de detención rodeado de caimanes que se convirtió en el símbolo más visible de la ofensiva antiinmigrante de Donald Trump se ha estado desmantelando discretamente en las últimas semanas, en anticipación a un inminente cierre, casi un año después de ser inaugurado con una visita presidencial y gran fanfarria. Los detenidos están siendo trasladados durante la noche, lejos de la atención pública y muchas veces sin saber a dónde ni poder avisarles a sus familiares. La cantidad de detenidos —que oscilaba alrededor de 1.400— se ha reducido a poco más de un centenar, según estimados de detenidos, familiares, activistas y abogados de inmigración que hablaron con EL PAÍS. Algunos han sido trasladados a centros de detención en Luisiana y Arizona; otros al Federal Detention Center (FDC), un edificio del buró federal de prisiones en el downtown de Miami. El FDC confirmó a EL PAÍS que está colaborando con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) alojando detenidos, pero declinó informar cuántas personas han sido trasladadas desde Alligator Alcatraz, alegando razones de seguridad. Los detenidos por motivos migratorios se encuentran bajo custodia civil mientras avanzan sus procesos. Dayana Ruiz, de 32 años, dice que su padre, Larry Ruiz Abreu, un cubano de 58 años que lleva más de seis meses detenido en Alligator Alcatraz, la ha mantenido al tanto de los traslados mientras espera que le toque su turno. Los detenidos estaban agrupados en módulos llamados Alpha y Bravo, cada uno con cuatro secciones de ocho celdas cada una. Cada celda —una especie de jaula de alambre de seis metros por seis— albergaba 32 personas. Bravo ya no existe, y los detenidos se agrupan en las secciones Alfa 1 y Alfa 4, explica Ruiz.Hasta hace un par de semanas, los mensajes en el chat giraban en torno a denuncias sobre las pésimas condiciones del lugar. La semana pasada, por ejemplo, surgieron quejas de que el agua para beber estaba sucia y contaminada. También se intercambia información sobre abogados, audiencias y posibles vías para sacar a sus familiares de allí. Ahora las conversaciones reflejan una mezcla de alivio porque sus familiares saldrán de Alligator Alcatraz, y ansiedad, porque muchos están siendo trasladados sin previo aviso y las familias desconocen adónde, mientras tratan de seguirles la pista. Yusleidis Hernández, miembro del grupo, cuenta que su esposo, Dianel Remedios, fue trasladado la semana pasada, y ella se enteró dos días después. “Me llamó y me dijo: ‘Nos cambiaron antier por la noche, a mí y a cuatro más, y estamos aquí en el downtown”. Karla Díaz, también parte del grupo, dice que su esposo, Eduanis Lombillo, fue trasladado la semana pasada a Luisiana en autobús junto con otras 40 personas. Otros dijeron que sus familiares han sido enviados a Arizona, en grupos de 20, también en bus. Katie Blankenship, del grupo legal Sanctuary of the South, que representa a decenas de detenidos, dice que la opacidad con que se ha manejado el desmantelamiento podría tener consecuencias para los detenidos. “No es como si abrieran las puertas y las personas regresaran a casa con sus familias”, apunta. “Muchos son trasladados y durante días o incluso semanas no aparecen en el localizador del ICE. No tienen acceso para llamar a sus familias ni a sus abogados. Simplemente desaparecen del sistema y uno tiene que esperar a que vuelvan a aparecer”. Uno de sus clientes, por ejemplo, fue trasladado el día antes de una audiencia: “No pude encontrarlo durante una semana y media”.La supuesta solución de “la inmigración ilegal”La caída de Alligator Alcatraz no ha sido tan rápida como su ascenso. El gobernador Ron DeSantis y su fiscal general, James Uthmeier, convirtieron a Florida en la punta de lanza de la ofensiva migratoria de Donald Trump. El Estado lidera el país en acuerdos de colaboración entre cuerpos de policía locales y agencias federales —llamados 287(g)—, ha aprobado leyes contra los inmigrantes en situación irregular y ha cuadruplicado los arrestos por motivos migratorios, la mayoría solapados tras paradas de tráfico.Alligator Alcatraz fue presentado como la joya de la corona que resolvería “de una vez por todas el problema de la inmigración ilegal”. Fue construido con carpas de lona sobre una antigua pista de aterrizaje de un megaproyecto de los años sesenta abandonado tras una larga batalla legal con grupos ambientalistas. El inhóspito lugar, rodeado de caimanes y pitones, parecía elegido para llamar la atención de Trump, que funcionó. El presidente y la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hicieron una visita de espaldarazo a principios de julio para su inauguración. Bajo las enormes carpas han sido “procesados” unos 22.000 inmigrantes, ha dicho DeSantis, sin ofrecer detalles. El centro ha estado rodeado de opacidad. Tras empezar a operar, inmediatamente comenzaron a surgir denuncias de mala alimentación, falta de higiene y malos tratos. Legisladores que intentaron supervisar las operaciones fueron rechazados por las autoridades estatales, y solo en los últimos meses algunos lograron recorrer el lugar en visitas guiadas. Tras una visita en mayo, el congresista demócrata Maxwell Frost describió las condiciones como “inhumanas” y dijo que el centro había sido diseñado para infundir miedo entre los inmigrantes. El lugar arrastra consigo una gran cuenta por pagar. El Estado vació el fondo de emergencia para huracanes y otros desastres para financiar su construcción, con la promesa de un reembolso federal de 600 millones de dólares que todavía no llega. Documentos revelados por la prensa muestran que el costo de las operaciones superó el millón de dólares diarios. Hace un mes, tras el despido de Noem y reportes sobre el posible cierre del sitio, el gobernador dijo que la instalación “siempre fue diseñada como algo temporal”. El centro todavía enfrenta varias demandas. La pista de aterrizaje donde se levantó está rodeada por la Reserva Nacional Big Cypress, un territorio de gran sensibilidad ecológica donde viven numerosas especies en peligro de extinción y de gran valor espiritual para la tribu Miccosukee. Grupos de protección al medioambiente y los Miccosukee demandaron por violaciones de leyes federales. Un tribunal les dio la razón el verano pasado y ordenó desmantelar el sitio, pero el Gobierno apeló y siguió funcionando mientras la demanda se ventila en los tribunales. Además, la ACLU y otras organizaciones de derechos civiles han demandado alegando que los detenidos no podían comunicarse con sus abogados ni acceder al sistema de justicia. Otro litigio cuestiona si el Estado tiene autoridad legal para administrar un centro de detención migratoria. También existen demandas colectivas que alegan que los detenidos son víctimas de presiones para firmar documentos de deportación, y del uso de la fuerza y otros abusos de los guardias. Un informe de Amnistía Internacional a fines del año pasado señaló que algunos detenidos eran confinados durante horas como castigo en una especie de jaula a la intemperie apodada “la caja” y sometidos a vejámenes equivalentes a “tortura”, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. Durante meses, activistas y familiares de detenidos han organizado vigilias semanales a las puertas del centro para exigir su clausura, que se han replicado en otras partes del país. Noelle Damico, una de las organizadoras, opina que el cierre “es una victoria de todas las personas que han trabajado cada semana para presionar al Gobierno estatal y federal”. “Este lugar nunca debió haberse construido”, zanja.Para Blankenship, la abogada, el cierre no debería significar el fin del escrutinio sobre la instalación. “El Gobierno espera cerrar las puertas y marcharse, y que la gente deje de hablar de ello”, pero “lo que Alligator Alcatraz representa para mí en este momento es una escena del crimen”.