El ministro Luis Caputo apuntaba a duplicar la adhesión a la ley de Inocencia Fiscal, con la esperanza de que las modificaciones que iba a enviar al Congreso lograran que ese blanqueo se volcara al mercado real y no solo sirviera de tapón fiscal para los contribuyentes en falta. Las consultas y las modificaciones —que habían mostrado a funcionarios del Palacio de Hacienda con una apertura inusual a las propuestas de cambios— al proyecto prometían un tratamiento exprés y una aplicación que le permitiría al Gobierno engrosar el sistema con más dólares. Pero el recrudecimiento de la crisis del caso Manuel Adorni, con su propia adhesión de por medio a la ley y la presentación de su declaración jurada, desinfló el apoyo legislativo y la confiabilidad jurídica.
Fuentes empresarias consultadas por PERFIL dieron por “terminado” el proceso de retoque que Caputo quería implementar. “Nadie que tenga un patrimonio importante no declarado va a blanquear un dólar cuando existe un cuestionamiento tan fuerte al instrumento y a su uso irresponsable. Menos cuando se usó para llevar al paredón mediático a todos aquellos que adhirieron de buena fe, pero que quedaron en el fuego cruzado de la pelea por la declaración jurada de Adorni”, admitió el dueño de una empresa del sector productivo.
