La Policía de Cundinamarca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas señaladas de estar presuntamente involucradas en hechos de violencia sexual contra una menor de edad en el municipio de Caparrapí.“Le pagaron con un helado”: la impactante cifra con la que convencieron al menor sicario de matar a Miguel UribeDe acuerdo con la investigación, los abusos habrían ocurrido de manera reiterada entre los años 2022 y 2026. Las autoridades recopilaron material probatorio que permitió identificar a los presuntos responsables y obtener las órdenes judiciales para su captura.Según informó el coronel Mauricio Herrera, uno de los detenidos sería el padrastro de la víctima y estaría señalado como el presunto responsable de las agresiones sexuales. Entretanto, la otra persona capturada sería la madre de la menor, quien, al parecer, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero no habría informado oportunamente a las autoridades competentes.Las diligencias adelantadas por investigadores de la Policía y la Fiscalía permitieron reconstruir los hechos y establecer la presunta responsabilidad de los implicados. Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías.Durante las audiencias preliminares, los procesados fueron imputados por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, conductas que son investigadas por las autoridades judiciales.Video | Niño de seis años fue golpeado brutalmente a correazos: Policía dio declaraciónUn delito que sigue golpeando a los menores en ColombiaEl caso ocurre en medio de un panorama preocupante para la niñez en Colombia. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y marzo de 2026 un total de 3.773 niños, niñas y adolescentes ingresaron a procesos de protección por ser presuntas víctimas de violencia sexual, convirtiéndose en la principal causa de atención de la entidad en el país. Las cifras también evidencian que gran parte de estos delitos ocurren en entornos cercanos a las víctimas, incluyendo sus propios hogares. Organismos de protección de la infancia han insistido en fortalecer las rutas de denuncia y atención temprana para evitar que situaciones de abuso permanezcan ocultas durante años, como habría ocurrido en este caso que hoy es materia de investigación judicial.