El Senado rechazó este jueves un pedido a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para que remitiera información relacionada con su supuesta intervención en la promoción de un contrato de $38 millones para el desarrollo de una iniciativa académica que el Departamento de Educación y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) habían determinado que no era necesaria.La petición, del portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, también requería información detallada sobre los destaques y diferenciales otorgados por Roig Fuertes desde que asumió la secretaría.“El Senado del Partido Nuevo Progresista esconde la corrupción en el Departamento de la Familia”, sostuvo Hernández tras el rechazo a su medida.Según información reportada en pasados días por TeleOnce, Roig Fuertes impulsó la contratación de NOLA Education, una empresa de Luisiana que, en mayo de 2025, habría presentado una propuesta a Educación para desarrollar en Puerto Rico un proyecto bajo el programa Star Academy, que busca atender el rezago académico. Educación, sin embargo, habría rechazado la propuesta, al sostener que los componentes ofrecidos ya forman parte de su currículo. NOLA Education habría llegado al Departamento de la Familia, tras recibir la negativa de Educación, con el objetivo de auscultar si la Star Academy podría ejecutarse con fondos del programa de Asistencia Temporera para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).La petición de información exigía que Roig Fuertes esclareciera varios puntos “críticos”. Entre ellos, la razón por la cual la Adsef fue excluida de la evaluación y adjudicación del proyecto, así como los motivos para desarrollar la iniciativa, a pesar de que Educación ya contaba con el programa Star Academy en su currículo. Además, se solicitó, sin éxito, una explicación sobre la ausencia del entonces director de la Adsef en el viaje oficial a Luisiana realizado en diciembre de 2025.Incluía, asimismo, la entrega de informes y documentos que detallaran las visitas y reuniones efectuadas en Luisiana, y que justificara el uso de la firma externa LAP Consulting para la evaluación y adjudicación del contrato, además de aclarar si Familia o la Adsef poseen comités internos de evaluación de propuestas y quiénes los integran. Sobre el proceso competitivo, se solicitaba, además, el listado de entidades que recibieron la solicitud de información (RFI, en inglés) y la identificación de los responsables de seleccionar a las organizaciones invitadas.En lo que va de 2026, el DTOP ha entregado cartas de desalojo a 20 vendedores ambulantes. (Suministrada)El pleno senatorial también rechazó un requerimiento de información presentado por el senador independiente Eliezer Molina Pérez para investigar las acciones del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) relacionadas con comerciantes ambulantes, agricultores y vendedores ubicados en las carreteras PR-129, de Arecibo a Lares, y PR-100, de Hormigueros a Cabo Rojo.Dichas intervenciones, según Molina Pérez, han generado preocupación pública respecto a su alcance y fundamento. “Ante el posible impacto económico y social de estas actuaciones, resulta necesario que el Senado de Puerto Rico cuente con información completa y precisa que permita ejercer adecuadamente su función constitucional de fiscalización”, lee la petición rechazada.Entre los datos solicitados, estaba la entrega de copias de toda notificación emitida entre 2025 y 2026 sobre remociones o intervenciones en las carreteras PR-129 y PR-100, un desglose municipal de las estructuras removidas y los casos pendientes, además de los estudios de ingeniería y seguridad vial que sustentan dichas acciones legales, entre otros asuntos. En lo que va de 2026, el DTOP ha entregado cartas de desalojo a 20 vendedores ambulantes debido a proyectos activos en las carreteras estatales y por razones de “seguridad vial”, informó la agencia recientemente a El Nuevo Día. De estas, 15 han estado dirigidas a comerciantes ubicados en la PR-129 y otras cinco en la PR-100.El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, dijo, entonces, que las remociones son parte de “procesos regulares dirigidos a proteger la seguridad vial, mantener la infraestructura en condiciones adecuadas y preservar el uso público de las áreas pertenecientes al sistema de carreteras estatales”.