NoticiaLas presiones o amenazas a ciudadanos, sobre todo a personas que trabajan en el sector público, constituyen un delito electoral.El constreñimiento electoral se encuentra tipificado en el código penal colombiano. Foto: Alcaldía de Pasto11.06.2026 10:52 Actualizado: 11.06.2026 10:52
En ministerios y entidades del Estado circularon unos panfletos impresos dirigidos a funcionarios públicos y contratistas en los que se les advierte que sus empleos “podrían estar en riesgo” si llega a ganar el candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.El material fue dejado directamente en los puestos de trabajo, según reportes de servidores que trabajan en el sector público.El panfleto le atribuye a De la Espriella le intención de reducir el tamaño del Estado en un 40%, disminuir el número de ministerios, fusionar o eliminar entidades públicas y recortar cargos y contratos estatales. Estas son, en efecto, medidas que el candidato ha defendido en entrevistas y escenarios públicos.Este es el panfleto dejado en puestos de trabajo de servidores públicos. Foto:EL TIEMPODe acuerdo con sus propuestas, la reducción del Estado incluiría el recorte de alrededor 700.000 funcionarios y contratistas, además de la fusión de al menos nueve ministerios.Sin embargo, además del panfleto, en varios ministerios y entidades estatales se estarían promoviendo reuniones dirigidas a funcionarios y contratistas con el propósito de incentivar el voto por la candidatura de Iván Cepeda.Colombia está a diez días de una segunda vuelta. En la primera vuelta del 31 de mayo, De la Espriella obtuvo el 43,7 % de los votos, superando a Iván Cepeda, que obtuvo el 40,9 %. Esta estrecha diferencia ha elevado la tensión de la campaña, en la que la participación en política del presidente Gustavo Petro ha sido uno de los puntos de mayor controversia. LEA TAMBIÉN Aunque el panfleto en cuestión no tiene encabezado sindical ni firmante visible, es clara la presión electoral que ejerce sobre los funcionarios públicos que lo encontraron en sus escritorios.Presionar o amenazar a un ciudadano para obtener su apoyo a un candidato en específico está tipificado como delito electoral, además de que incurre en prisión de cuatro a nueve años y multa. La pena se puede llegar a aumentar al doble cuando la conducta es realizada por un servidor público, cuando haya subordinación o cuando se condicione el otorgamiento de beneficios gubernamentales. LEA TAMBIÉN El código penal, desde las elecciones de 2018, pasó de contemplar 11 a 16 delitos electorales, y cualquier ciudadano que sea testigo o víctima de una de estas conductas puede denunciarlas ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría.Cabe aclarar que, aunque De la Espriella sí propone un ahorro entre 25 y 30 millones de pesos en reducción estatal, el candidato también ha dicho que quienes queden por fuera del Estado “no irán a la deriva”, pues su propuesta es que el sector empresarial pueda absorber esa fuerza laboral en un entorno de mayor productividad.María Alejandra Moreno FlórezEscuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO / Redacción PolíticaMás noticias de Política Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
