Guadalupe N. ha quitado los sistemas de videovigilancia que tenía en el interior de su casa y ha tapado la cámara de sus ordenadores personal y de trabajo. Han pasado 10 años desde que violaron flagrantemente su intimidad, pero ella continúa obsesionada con tomar todas las precauciones posibles. La persona que lo hizo acaba de ser condenada por la Audiencia Provincial de Baleares a penas que suman 60 años y 6 meses de prisión. Guadalupe es una de las al menos 14 víctimas de Yago F.Finales de 2016. Yago es un chico de 28 años que se dedica a reparar todo tipo de equipos informáticos. Vecinos y conocidos acuden a él para formatear o actualizar el sistema operativo de sus ordenadores o para que arregle los problemas de sus teléfonos móviles. La mayor parte de sus clientes lleva sus ordenadores completamente vacíos y le proporcionan sus claves y contraseñas para que el técnico pueda instalar los programas necesarios para cumplir con su encargo. Nadie sospecha que les está robando la intimidad de más de una decena de personas.El 14 de enero de 2018, Daniel P. acude a la Guardia Civil para denunciar que ha comprado cuatro ordenadores a Yago y, al iniciar los equipos, ha encontrado que contenían carpetas con nombres de personas que le resultaban familiares: eran vecinas y conocidas. En su interior había decenas de vídeos y fotografías sexuales de estas mujeres. Cuando se pone en contacto con algunas de ellas, le cuentan que habían llevado sus ordenadores a Yago para que los reparase.Guadalupe se sorprende cuando, el 2 de febrero de 2018, observa un imponente despliegue de la Guardia Civil a solo unos metros de su casa. Están accediendo a la vivienda de sus vecinos. Un día después, recibe una llamada de esos mismos agentes: en posesión de Yago han localizado 56 fotografías en las que aparece desnuda y manteniendo relaciones sexuales. Hay otras en las que se ve a personas de su familia, varios niños, bañándose sin ropa. Se trata de imágenes que ella había tenido en algún momento en el ordenador que había llevado a Yago. También hay alguna imagen suya que ella no ha realizado y que no guardaba en ningún dispositivo. “Se trata de imágenes del interior de mi casa que solo se han podido hacer accediendo al sistema de videovigilancia que yo tenía. Él trabajaba también en una empresa de seguridad y esta es una rama que no se ha investigado”, explica Guadalupe.La Guardia Civil encontró hasta 314 carpetas con nombres y apellidos de clientes de los que había descargado fotografías o vídeos. De G. había 50 fotografías; en algunas de ellas estaba desnuda. De A. tenía fotos en la playa en bañador; de J. había fotografías mostrando sus genitales a cámara. De Y. guardaba 123 fotografías y cinco vídeos en los que se encuentra manteniendo relaciones sexuales con su pareja, de L. hay 308 fotografías desnuda o en ropa interior; 253 de O.; 195 de J. en bikini o ropa interior…“El procesado procedió, sin autorización ni consentimiento de sus titulares, a la subrepticia recuperación y almacenamiento de dicho material con la clara intención de hacerse con los archivos íntimos de los aquí perjudicados, no hallándonos ante un descubrimiento casual o inocente porque todo lo perpetrado requería de un proceso de recuperación al haber sido borrados por los propios titulares de las imágenes y vídeos, que solo el procesado podía llevar a cabo con instrumentos y los conocimientos técnicos que él tenía para proceder a su recuperación y almacenamiento masivo, aprovechándose en ocasiones que le facilitaron sus contraseñas”, se lee en la sentencia de esta misma semana a la que este diario ha tenido acceso.La Audiencia Provincial subraya que el ahora condenado se hizo con el contenido íntimo de sus clientes “vulnerando la confianza que se había depositado en él al permitirle reparar el ordenador o el terminal móvil (…), todo ello con claro ánimo de vulnerar su intimidad más personal, afectando los hechos descritos a datos de carácter sexual”.En el análisis de los equipos informáticos incautados en el registro del domicilio de Yago, los investigadores también hallaron más de 500 fotografías de menores “manteniendo relaciones sexuales”, según la sentencia. “Aparecen niñas siendo penetradas, menores penetrándose entre sí o un menor de edad practicando una felación”, describe la resolución judicial. También encuentran la grabación de una agresión sexual cometida por el detenido sobre una de las mujeres que le acabaron denunciando. Ella se encontraba dormida y él aprovechó para grabarla mientras le tocaba los pechos y le introducía un dedo en la vagina. “Todo este material lo poseía el procesado para satisfacer sus estímulos sexuales”, según la sentencia.Las víctimas tuvieron que esperar años hasta que se les tomó declaración en sede judicial. “Al principio te sientes violada en tu intimidad por el hecho de que esta persona haya accedido a esas imágenes. Me duele especialmente por los niños que aparecen desnudos y no sabemos exactamente qué ha podido hacer con esas imágenes. Pero es que mi intimidad se ha visto expuesta también ante la policía, jueces, fiscales… Te sientes revictimizada. En 10 años no se han cerrado las heridas”, confiesa Guadalupe, que conocía al hombre ahora condenado desde que este tenía nueve años.“El proceso es muy largo. Al principio sientes caos e incredulidad”, cuenta Benjamín, otra de las víctimas, en conversación con este periódico. Él, además, era amigo de este chico con el que había compartido mucho tiempo. “Sentía miedo, rabia. Me sentía desprotegido e impotente: me habían robado fotos y datos. Y luego sientes culpa porque lo conocía y no me di cuenta. Es solo a posteriori cuando hay detalles, simplemente extraños en su momento, que ahora empezaban a cuadrar”, afirma.Cuando por fin se iba a celebrar el juicio el pasado febrero, el abogado que, según cuenta Guadalupe, les había llegado a insistir para que retiraran las denuncias, no se presentó. La vista se pospuso.El delito principal por el que Yago es condenado es el de descubrimiento de secretos agravado por la utilización de datos personales, con penas que van de los tres a los cinco años de prisión por cada uno de los casos. Pero también por el delito de posesión de pornografía infantil y por un delito de abuso sexual (vigente en el momento de los hechos) por el que debe cumplir siete años de cárcel. Las penas suman más de 60 años de prisión. Además, deberá indemnizar con entre 2.000 y 3.000 euros a cada una de las 13 personas denunciantes de las que tenía imágenes y con 7.000 euros a la víctima de la agresión sexual.“Si bien la sentencia es ejemplar, el tiempo que se ha tardado es demasiado para resarcir a las víctimas y para frenar a esta persona”, lamenta Guadalupe. “Ojalá esto haga que quien disfrute de esto, se lo piense dos veces”, añade. “La sentencia es justa. Personas como él no caben en la sociedad. Debe haber condenas firmes para que esto no vuelva a suceder”, coincide Benjamín. La sentencia puede ser recurrida por la defensa de Yago, que no ha reconocido los hechos en ningún momento.Cuando el abogado con el que habían realizado todo el procedimiento les abandona, las víctimas recurren al penalista David Fechenbach. “La intimidad digital no es una categoría menor. Es una esfera personal con mayor protección a nivel jurídico. Este caso lo acredita con una precisión que ningún manual jurídico podría superar. Entregamos nuestros dispositivos cargados de vida privada a personas a las que apenas conocemos. Esa vulnerabilidad existe. Y hay quien la convierte en método. Más de 50 años de penas. Detrás de ese número hay 14 personas que un día simplemente fueron a reparar su ordenador”, subraya el letrado.