Corría el mes de junio de 2020 y Cani Fernández, abogada, con más de dos décadas de experiencia en Cuatrecasas y tras pasar por el gabinete de Presidencia que comandaba Iván Redondo, comparecía en el Congreso de los Diputados para certificar su idoneidad como aspirante a presidir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se esforzó aquel día en subrayar su deseo de blindar la independencia del organismo y de aislar sus decisiones de las injerencias políticas. Seis años después, a apenas días de que venza su mandato y de que el Gobierno designe nuevo inquilino para la flamante sede del organismo en la madrileña calle Gran Vía, deja la sensación de que nunca terminó de liberarse del pecado original que suponía su cercanía con la otrora todopoderosa vicepresidenta Nadia Calviño, clave en su designación y su auténtica red de seguridad mientras permaneció en el Ejecutivo. Enfrente, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cabeza visible de un sector altamente concernido por las decisiones de cualquier autoridad de competencia y adalid de una agenda verde a menudo contraria a la ortodoxia económica defendida por la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Deja Fernández una patata caliente que amenaza con provocar efectos colaterales imprevisibles, como es la miríada de expedientes abiertos in extremis a las eléctricas y el operador de red (Redeia) por el apagón. Los próximos movimientos en el supervisor serán claves para fraguar el desenlace. Fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas entre bambalinas para armar la sucesión, que trae aneja la designación -política- de tres nuevos consejeros, alertan de que dos corrientes pugnan por posicionar a su candidato. Por un lado, a la estela de lo que en su día sucedió con Calviño, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, parece en su derecho a reclamar mando en plaza, en tanto la propuesta depende orgánicamente de su ministerio. De hecho, es él quien eleva formalmente el nombre del candidato al Consejo de Ministros y quien, una vez superado el trámite de la Cámara baja, firma el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si es finalmente esta posibilidad la que se impone -y actualmente es la que goza de más predicamento-, se descuenta por el mercado que el elegido sería un teco, véase un técnico comercial y economista del Estado, cuerpo de funcionarios de élite al que pertenece el número dos de Sánchez. Sería replicar el modelo Cani, el de un profesional sin marcada adscripción política.No obstante, en los estertores de la legislatura, no se trata ésta de una elección cualquiera. Otras fuentes gubernamentales y próximas a Moncloa subrayan que, a un año vista de unas elecciones generales, garantizarse un férreo control de la CNMC por un mandato de seis años resulta imperativo para el Ejecutivo, entendiendo el organismo como una trinchera más frente a un eventual triunfo electoral de PP y Vox. Desde luego, no se trata de una caja de resistencia menor. La autoridad de Competencia no solo acumula entre sus atribuciones el control de las concentraciones empresariales, con el examen y autorización de fusiones y adquisiciones, sino que atesora funciones de supervisión y regulación en sectores básicos como las telecomunicaciones, el entorno audiovisual, ferroviario, aeroportuario y -todavía, mientras no termine de fraguar la prometida CNE- la propia energía. Existe la convicción dentro de esa línea de opinión de que es necesario apostar por un un perfil más político, también desde la certidumbre de que una figura más técnica tendría mayor tendencia a contemporizar con la nueva administración.La decisión tiene un trasunto corporativo de altos vuelos, al punto de que las compañías eléctricas contienen el aliento. No en vano, el nuevo presidente de la CNMC nombrará un cargo clave para sus cuitas, como es el director de Energía. “Esa es la persona que va a decidir si sigue adelante con los expedientes por el apagón y quien, en ese escenario, tiene que instruirlos. También tiene la posibilidad de reconsiderar los hechos, o incluso de darles otra calificación, y que lo que era grave pase a leve. La persona en cuestión tendrá margen de maniobra para ese movimiento, al menos durante los primeros meses después de asumir el puesto”, aseguran fuentes jurídicas. Es precisamente en esa designación, y no tanto en la que afecta a la presidencia, en la que debería tener puesto el foco la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. No sería de extrañar que pudiera ejercer, al menos, cierto derecho de veto. En las empresas existe la convicción de que no puede irles peor de lo que les ha ido con la actual directora, Rocío Prieto, que ahora abandona el puesto para poner rumbo a la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (Ariae). A partir de aquí, hay preferencias. “Un perfil técnico puede nombrar al primer funcionario que pase por allí”, bromean desde una compañía para escenificar su predilección por un presidente más político, a priori más permeable a sus inquietudes y las diferentes aristas existentes a la hora de designar al máximo responsable del área de energía. Saben lo que se juegan. De las decenas de expedientes abiertos, hay que distinguir entre los “muy graves” o solo “graves”, en tanto los primeros son los que realmente presumen que hubo “riesgo de garantía de suministro” el 28 de abril, según reza la ley del sector eléctrico. En esos casos, las sanciones también se disparan. Los más peliagudos afectan a paradas de centrales nucleares concretas y ahí, estiman las empresas, tienen una defensa sólida, ya que, como publicó CincoDías, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admite el modelo de “operación flexible”. Del resto, la tesis es que la tanda de anomalías destapada por el tándem Fernández-Prieto en la agonía de su mandato constituye una revisión general de la operativa del sector, desligada de los hechos que condujeron al cero nacional.Los plazos importan. También los intereses políticos que siempre convergen en la autoridad de competencia. Pese a que la cúpula de la CNMC está de retirada desde hace semanas y existe una sensación generalizada de fin de ciclo en la casa, todavía habrá que esperar. Una vez el cónclave ministerial dé luz verde al elegido para el cargo, aún pasarán en torno a tres semanas hasta que tome posesión, trámites parlamentarios mediante. Desde luego, habrá concesiones al independentismo catalán para dulcificar y sacar adelante ese trance. Es más, existe cierta urgencia entre quienes negocian en la certidumbre que el PP, que no dispone de representación alguna en los principales órganos de la institución y tendrá que asumir los mandatos en vigor, moverá ficha si aterriza en el Gobierno para acometer cambios estructurales que le permitan controlar la toma de decisiones. Ante lo que pueda venir, mejor dejarlo todo atado y bien atado. La CNMC, como la península de Kamchatka, un lugar para resistir.