Después de meses de conflicto y medidas de fuerza, el Gobierno de Javier Milei se rindió ante el reclamo de la comunidad universitaria argentina y dispuso este miércoles un aumento de sueldos para profesores y demás trabajadores de la educación superior. También anunció que girará recursos para mejorar el presupuesto de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, aunque no actualizará los fondos para becas de ayuda económica a estudiantes de bajos ingresos. Los incrementos anunciados suponen la parcial marcha atrás de la motosierra presidencial, pero son, de todos modos, inferiores a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso y que Milei se niega a aplicar. Por eso, las universidades advirtieron que la medida es “un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”.Los aumentos anunciados fueron acordados por el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos del sector. “El Poder Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial un 24,33%”, detalla el comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano. Habrá un primer aumento del 21,33% con los salarios de junio y otro 3% en octubre.Con esas cifras, indica el acta firmada, los sueldos recuperarán lo que perdieron ante la inflación durante 2025 y hasta mayo de este año, más una porción menor de la merma sufrida en 2024. Como parte del acuerdo alcanzado, el Gobierno cedió también al reclamo de los sindicatos para que se abra una instancia de negociación paritaria cada tres meses: en ese marco, se deberá discutir cómo recomponer el resto del poder adquisitivo salarial perdido desde que asumió Milei.Según ha denunciado el CIN —el organismo que reúne a las universidades públicas—, las transferencias presupuestarias para el sector experimentaron una caída acumulada del 45,6% desde diciembre de 2023, mientras que los sueldos de profesores y trabajadores de las casas de estudios perdieron alrededor de un tercio de su capacidad de compra. El acuerdo implica, además, que el Ejecutivo “actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio” y que “dispondrá un incremento de 50.000 millones de pesos [unos 34,7 millones de dólares] en la partida destinada a hospitales universitarios”. También establece “una actualización del 50%” para las becas denominadas Manuel Belgrano: se trata de un programa que fomenta carreras consideradas estratégicas para el país y actualmente beneficia a 35.941 alumnos. El Gobierno no anunció mejoras para las becas de ayuda económica Progresar, que en todo el sistema educativo hoy alcanzan a 971.280 estudiantes de bajos ingresos (pocos más de 186.000 son del nivel universitario).El CIN consideró que la actualización salarial y presupuestaria acordada “es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”, ya que “de ningún modo resuelve el problema estructural” que atraviesan las universidades. La declaración difundida este miércoles por el organismo planteó que “la respuesta estructural está en la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario”. Como prenda de negociación, el Gobierno había exigido inicialmente que las universidades desistieran de su reclamo judicial para que se cumpla esa ley, aprobada por el Congreso el año pasado y luego ratificada cuando Milei la vetó. “La demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva”, remarcó el CIN.La ley que el presidente ultra se niega a poner en marcha, aduciendo que pondría en riesgo las cuentas públicas, prevé actualizar todo el presupuesto universitario según la inflación acumulada desde fines de 2023. Sin contemplar el aumento recién anunciado, el actual presupuesto anual del sector incluye 4,8 billones de pesos (unos 3.400 millones de dólares) y aplicar la norma supondría añadirle, según distintos cálculos, entre 2,5 y 3,1 billones de pesos. El impacto fiscal –estima el CIN– rondaría el 0,36% del PIB de Argentina. La demanda de las universidades contra el Ejecutivo está en manos de la Corte Suprema de Justicia.“Luego de más de dos años y medio de lucha sostenida y de cuatro marchas federales multitudinarias, en las que el pueblo argentino expresó de manera contundente su apoyo a la universidad pública, logramos que el Gobierno nacional convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”, destacó la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), uno de los sindicatos que agrupan a los profesores. Si bien otros sectores gremiales se pronunciaron en rechazo a aceptar el acuerdo con el Gobierno y a favor de sostener las medidas de fuerza hasta que se cumpla la ley, el conflicto parece haber ingresado en una etapa de distensión. En las próximas negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se definirá su futuro.