Una nueva denuncia contra periodistas en San Luis Potosí ha puesto en evidencia al diputado Héctor Serrano, autor de una reforma al Código Penal del Estado que castiga con prisión el “uso indebido” de inteligencia artificial en la creación y difusión de contenidos y que ha sido bautizada, precisamente, como la Ley Serrano. Esta vez, el denunciado ha sido Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de la revista digital La Noticia, quien acudió este miércoles a una audiencia ante la Fiscalía estatal en la que se enteró de que su denunciante es el propio Héctor Serrano. El diputado ha reconocido a EL PAÍS que procedió en contra del comunicador, pero ha justificado que no fue por los nuevos delitos contemplados en el Código Penal del Estado, sino por daño a su imagen pública por una publicación hecha el año pasado.El citatorio obligaba al periodista a comparecer este 10 de junio, en calidad de investigado, por hechos denunciados ante el agente del Ministerio Público José Rubén González Ramos, que también lleva el caso de las dos comunicadoras arrestadas el pasado 21 de mayo por una denuncia iniciada por la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. La coincidencia ha revivido la alerta encendida en San Luis Potosí desde hace varias semanas: se trata de denuncias contra comunicadores críticos del Gobierno, promovidas por el primer círculo del gobernador emanado del Partido Verde -aliado de Morena y de la Cuarta Transformación-, en una entidad que en 2027 renovará la gubernatura y en la que la principal aspirante es senadora y esposa del gobernador.La persecución en contra de comunicadores ha puesto a San Luis Potosí en el radar de la organización internacional Artículo 19, que ha denunciado un ambiente de acoso que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión, particularmente desde noviembre de 2025. El Congreso del Estado aprobó entonces una reforma al Código Penal para incorporar tres nuevos tipos penales que sancionan con prisión de uno a seis años a quien haga “uso indebido” de la inteligencia artificial. Según esta organización, la reforma promovida por Héctor Serrano, líder de la bancada del Partido Verde, representa una “amenaza estructural contra la libertad de expresión”, pues genera incertidumbre jurídica respecto a las expresiones que pueden derivar en investigaciones penales y detenciones de comunicadores.En este contexto Juan Pablo Moreno Rodríguez, director del portal La Noticia, fue citado a declarar desde el pasado 25 de mayo y se ha presentado este miércoles ante la Fiscalía General del Estado, donde se ha encontrado con la negativa del agente a recibirlo, por considerar que ya no era urgente su comparecencia. La abogada del periodista, Natalia Castillo, ha exigido que le muestren la carpeta con la denuncia y ha sido informada de que el denunciante es el diputado Héctor Serrano, sin obtener los detalles de los delitos imputados. “No es posible que se mande llamar a un denunciado y ahora se esconda la carpeta; es derecho de todo imputado conocer los hechos por los que se le denuncia“, ha explicado la abogada.Juan Pablo Moreno ha dicho que respondió al citatorio con temor, bajo la advertencia de que, en caso de no atenderlo, podría recurrirse al “auxilio de la fuerza pública” y, sin embargo, al llegar a la Fiscalía se le negó la comparecencia bajo el argumento de que el citatorio ya no tenía efectos. “La denuncia es por una nota que publicamos sobre cómo Héctor Serrano es uno de los principales beneficiarios de un proyecto en los parques Tangamanga, y en su momento se le dio su derecho de réplica”, ha comentado el periodista al salir de la fiscalía.“Sabía perfectamente bien que yo lo había denunciado por la comisión de otro tipo de delitos que en su momento quedarán debidamente acreditados, por lo que las veces que sea necesario abundaré con pruebas y vigilaré que no pretenda manipular la verdad y prevalezca en todo momento el derecho y la justicia”, ha dicho el diputado a este periódico. Serrano sostiene que, desde abril de 2025, cuando envió su réplica al portal La Noticia, advirtió que iniciaría acciones legales por considerar que el contenido del reportaje le generaba un perjuicio a su imagen pública. El diputado, quien tiene una trayectoria política que incluye su paso como secretario de Gobierno en la Ciudad de México durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, ha advertido que continuará las acciones legales en contra del periodista.