La congresista Gloria Elena Arizabaleta se irá en un poco más de un mes del Congreso, y dejará el Legislativo con una de las decisiones más controversiales del cuatrenio de Gustavo Petro. La representante por el departamento del Valle del Cauca es parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, pero firmó este miércoles una suspensión temporal al jefe de Estado, a quien investiga por participación indebida en política durante la campaña electoral para definir al reemplazo del mandatario. Lo hace como presidenta de la Comisión de Acusaciones, el único órgano con poder para investigar a los presidentes. Juristas señalan que la medida es inconstitucional, pues solo el Senado en pleno podría tomar esa decisión. Arizabaleta no ha dado su brazo a torcer. Políticos de izquierda y derecha se preguntan a quién busca favorecer la congresista con su decisión, a solo 10 días de la segunda vuelta para las elecciones presidenciales. “¿Cuál jugadita?“, le respondió ella a la revista Semana, negando tener un cálculo electoral. ”Hay que leer y observar los 22 mensajes que escribió el presidente en sus redes sociales donde, presuntamente, interviene en política”, añade sobre los trinos entre el 6 y el 9 de junio, en los que el mandatario ha criticado al candidato opositor Abelardo de la Espriella o ha apoyado propuestas del aspirante oficialista Iván Cepeda. En contraste, ella, sin inhabilidad para participar en la campaña como la que tiene el jefe de Estado, no ha sido activa en sus redes sociales para movilizar ciudadanos a favor de Cepeda.Arrizabaleta es de Cali, la tercera ciudad de Colombia y principal ciudad del suroccidente. Abogada penalista, se formó en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda —la misma de De la Espreilla—, donde también hizo una maestría en derechos humanos. Es parte de una familia de políticos de su departamento natal y sobrina de María Teresa Arizabaleta, una líder feminista icónica de Cali, clave en la lucha para que las mujeres colombianas pudieran votar. A la representante Arrizabaleta la asocian con el epicentro del petrismo, pues llegó al Congreso tras ser esposa de quien era un aliado clave del presidente Petro: el exsenador Roy Barreras, quien también es de Cali. Gracias a él y avalada por el partido de Barrerras, la Fuerza, ocupó el segundo renglón en la lista cerrada del petrismo para la Cámara en 2022. Sin embargo, no buscó la reelección en 2026, pero sí impulsó al mismo cargo a su hermano, Carlos Eduardo Arizabaleta, elegido en marzo. La saliente representante y Roy Barreras, sin embargo, se divorciaron en 2021. Si su relación era cercana hace pocos años, ya no lo es. “Hace mucho más tiempo que no tengo ninguna comunicación con la representante Arizabaleta”, dijo Barreras en sus redes sociales. “Ella lo sabe y todo el mundo sabe que no tengo incidencia alguna en las decisiones que ella toma”, añadió. Ella buscó que el Consejo Nacional Electoral aprobara una escisión del partido, pues también quería el divorcio político con Barreras.En 2012, cuando ella trabajaba como procuradora delegada del político ultraconservador Alejandro Ordóñez, renunció para que su esposo, entonces presidente del Senado, pudiera apoyar la reelección de quien representaba la ultraderecha. La izquierda a la que ella pertenece ahora la ve con desconfianza por ese tipo de antiguos aliados. El presidente Petro mencionó que ha tenido como abogado a Hollman Ibáñez, un antiguo socio del ahora aspirante presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Alega que ella, sin embargo, lo está extorsionando con la orden de suspenderlo. “Yo no soy de la tesis de que un congresista no puede hacer peticiones al Ejecutivo sobre su región, eso lo protege la norma”, añadió sobre la representante del Valle del Cauca. “Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no está en su derecho de representación”, añade. El mandatario alega que ella estuvo pidiendo algún beneficio al gabinete, no solo a él. ““Quiero que mis ministros confiesen ante la Corte Suprema qué peticiones exactamente pedía y que se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de que estábamos bajo una extorsión”.